El Senado de Estados Unidos dio un paso decisivo este jueves al aprobar una resolución presupuestaria de 70.000 millones de dólares destinada a financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Con una votación de 50 a 48, los republicanos lograron avanzar esta iniciativa que pretende dotar de recursos a las agencias de seguridad durante los próximos tres años.
La sesión, que se extendió hasta las primeras horas de la madrugada bajo el formato de "vote-a-rama", reflejó la profunda división partidista en el Congreso. Los demócratas se opusieron firmemente, exigiendo la implementación de mayores controles operativos y mecanismos de supervisión judicial para los agentes migratorios.
El plan de financiamiento está diseñado para cubrir el resto del mandato del presidente Donald Trump, extendiéndose hasta enero de 2029. Según el líder de la mayoría, John Thune, estos fondos son indispensables para la interdicción de drogas y la protección de las fronteras, áreas que considera descuidadas por la oposición.
La resolución aprobada ahora debe ser enviada a la Cámara de Representantes, donde se espera que los sectores más duros del republicanismo presionen para que los detalles finales del gasto no incluyan las restricciones solicitadas por los defensores de los derechos civiles.
La urgencia de esta medida se produce en un contexto de alta tensión social, tras incidentes recientes en los que agentes de inmigración se vieron involucrados en tiroteos fatales. Los demócratas han utilizado estos eventos para insistir en que el ICE y la Patrulla Fronteriza deben regirse bajo las mismas reglas de transparencia que cualquier fuerza policial del país.
De confirmarse el avance en la Cámara, el proceso entrará en la fase de "reconciliación presupuestaria", una herramienta legal que permite aprobar leyes de gasto con una mayoría simple en el Senado, evitando así el bloqueo de los 60 votos habituales. Este procedimiento es clave para la agenda de seguridad de la Casa Blanca, que busca consolidar su política migratoria mediante una inyección masiva de capital que no dependa de negociaciones anuales.
