El gobierno de Perú enfrenta una crisis diplomática y política sin precedentes tras la decisión del presidente interino, José María Balcázar, de suspender la adquisición de 24 aviones de combate F-16 Block 70. Esta operación, valorada en USD 3.500 millones, representaba la modernización militar más importante de la región en la última década.
La negativa a efectuar el primer desembolso de USD 2.000 millones, cuyo plazo vencía este miércoles, provocó la renuncia inmediata del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz, quienes denunciaron una grave afectación a la credibilidad internacional del país.
“El fallo del tribunal contradice principios fundamentales de la Primera Enmienda y precedentes vinculantes de la Corte Suprema”
La controversia se centra en que el monto para la compra ya había sido aprobado mediante decreto supremo y financiado a través de la emisión de bonos soberanos. A pesar de que el contrato inicial para las primeras 12 aeronaves fue suscrito el pasado lunes 20 de abril en una ceremonia reservada, Balcázar ordenó bloquear el pago argumentando la necesidad de que el próximo gobierno tome la decisión definitiva.
La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar, con el embajador Bernie Navarro advirtiendo que se utilizarán todas las herramientas disponibles para proteger los intereses estadounidenses si se detecta mala fe en las negociaciones. Este mensaje ha sido interpretado como una alerta sobre posibles sanciones comerciales y diplomáticas contra Perú por el incumplimiento contractual con Lockheed Martin.
La suspensión también anula convenios de transferencia tecnológica y la coproducción de drones, beneficios que formaban parte del paquete integral de compensaciones industriales acordado con la empresa proveedora.
A nivel interno, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú y la Cámara de Comercio de Lima alertaron que esta parálisis debilita la defensa nacional y proyecta una imagen de poca fiabilidad ante socios estratégicos. Los gremios recordaron que la flota actual de la Fuerza Aérea supera los 35 años de antigüedad, por lo que postergar la renovación no es un acto de prudencia, sino una señal de debilidad institucional.
El plan de adquisición constaba de dos fases, siendo la primera la compra de 10 aviones monoplazas y 2 biplazas equipados con el avanzado radar APG-83 AESA y sistemas de guerra electrónica de última generación. El financiamiento estaba alineado con la Ley de Endeudamiento de 2025, utilizando créditos del Banco de la Nación para asegurar la operatividad de largo plazo.
La crisis ocurre en un momento de baja legitimidad gubernamental, a pocos meses de la transición presidencial y en medio de una compleja disputa geopolítica entre potencias en América Latina. Expertos señalan que el incumplimiento de compromisos de alto nivel compromete la capacidad de negociación futura del país en mercados globales y en materia de seguridad.
Diversos sectores políticos han calificado de mentiroso al presidente Balcázar por negar la existencia de contratos que él mismo viabilizó con su rúbrica meses atrás. La falta de transparencia en la gestión de este compromiso de Estado genera incertidumbre en los mercados, afectando la percepción de los inversionistas sobre la seguridad jurídica en territorio peruano.
El expresidente José Jerí, cuya administración impulsó el proyecto, advirtió que el retiro intempestivo del contrato es un error estratégico que deja a la soberanía aérea peruana en una situación de vulnerabilidad extrema frente a amenazas externas.
