La resolución, redactada por el juez Mark J. Bennett, detiene la implementación de la ley aprobada en 2025, la cual exigía que cualquier agente federal no uniformado que operara en California mostrara claramente su agencia y un nombre o número de placa. El fallo sostiene que un estado no tiene la potestad legal para dictar cómo deben desempeñar sus tareas los funcionarios federales, especialmente cuando dichas exigencias interfieren con las operaciones de seguridad nacional y la inmunidad soberana de la que goza el Gobierno central frente a las regulaciones estatales.
El Departamento de Justicia, bajo la gestión de Trump, presentó la demanda en noviembre pasado, argumentando que la ley de California ponía en peligro la vida de los oficiales al exponerlos a campañas de acoso, "doxing" (revelación de datos personales) y violencia por parte de activistas. Según los abogados federales, el anonimato operativo es vital en ciertos operativos de detención y deportación para garantizar tanto el éxito de la misión como la integridad de los agentes frente a grupos que buscan obstruir la aplicación de la ley migratoria.
Los abogados de California argumentaron que la falta de identificación clara por parte de los agentes federales desconcertaba a la ciudadanía, quienes a menudo confundían a los oficiales con criminales, lo que elevaba el riesgo de altercados violentos. Sin embargo, la Corte desestimó estos argumentos, señalando que la protección de la Constitución y la estructura federal del país están por encima de las preocupaciones locales de procedimiento policial.
Este fallo se suma a otro revés judicial para California ocurrido en febrero, cuando un juez federal bloqueó una ley relacionada que prohibía a los agentes federales usar máscaras, pasamontañas o cualquier tipo de cobertura facial durante sus operativos. En ese caso, la justicia determinó que la prohibición discriminaba específicamente al Gobierno federal, ya que no se aplicaba con el mismo rigor a las fuerzas de seguridad locales y estatales del "Estado Dorado".
Con este bloqueo judicial, la administración Trump asegura que sus operativos de control migratorio en California puedan continuar bajo sus propios protocolos de seguridad y discreción. Mientras el caso sigue su curso en las instancias de apelación, los agentes federales mantendrán su inmunidad frente a las exigencias de identificación estatal.
