El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) activó un proceso de revisión masiva de expedientes relacionados con la residencia permanente y otros beneficios otorgados entre 2021 y 2025. La agencia, bajo la dirección de Joseph Edlow, anunció que esta reexaminación busca fortalecer los controles de seguridad nacional y asegurar que los beneficios se hayan concedido bajo los estándares federales actuales.
Esta iniciativa responde a evaluaciones internas realizadas entre marzo y abril, las cuales determinaron que los filtros aplicados en años anteriores resultaron insuficientes para garantizar la integridad del sistema. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respalda este endurecimiento de procedimientos, enfocándose especialmente en solicitantes de países identificados como de alto riesgo.
La medida impacta directamente a titulares de Green Card, beneficiarios de asilo y personas bajo programas de protección humanitaria, quienes deberán someterse a procesos de verificación más rigurosos. También implica la reapertura de casos ya aprobados, la verificación exhaustiva de antecedentes y la detección de posibles fraudes documentales que pudieran haber pasado desapercibidos durante las administraciones previas.
El universo de afectados incluye a quienes obtuvieron la residencia permanente entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, además de aquellos con solicitudes aún pendientes. La prioridad de las autoridades se centra en expedientes que presenten inconsistencias, datos incompletos o provengan de naciones con alertas de seguridad vigentes.
Según informes oficiales, la agencia ha remitido cerca de 33.000 casos sospechosos de fraude a la Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional desde enero de 2025, marcando un incremento del 138 % en comparación con periodos anteriores.
La implementación de esta revisión masiva se llevará a cabo en varias etapas, comenzando por la reapertura de expedientes adjudicados y la citación a entrevistas presenciales adicionales. USCIS advirtió que los controles actuales son estrictos y que los titulares deben estar preparados para enfrentar consecuencias, que incluyen pausas en adjudicaciones finales y requerimientos de documentación complementaria.
El fundamento legal de esta acción reside en las atribuciones del DHS para garantizar la seguridad del sistema migratorio ante recomendaciones de auditorías internas. USCIS aclaró que cada caso será evaluado de forma individual y que se respetarán los derechos de apelación previstos en la legislación estadounidense
Las organizaciones civiles y de abogados de inmigración han solicitado mayor claridad sobre el alcance de estas medidas, aunque la postura federal se mantiene firme en proteger la confianza pública. Los titulares de beneficios migratorios podrían enfrentar demoras significativas en sus trámites actuales debido a la carga administrativa que supone analizar miles de archivos antiguos.
La autoridad migratoria reiteró que aquellas personas que posean documentación válida y cumplan con todos los requisitos legales no deberían temer por la pérdida automática de su estatus. No obstante, el entorno actual exige una transparencia absoluta en los antecedentes personales y familiares presentados ante la oficina migratoria.
