Según EFE, el juez del Tribunal Supremo de España, Ángel Hurtado, ha acordado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos relacionado con el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), principal fuerza de oposición conservadora en el país ibérico.

El magistrado impuso una fianza de 150.000 euros a García Ortiz, bajo amenaza de embargo si no se paga, y rechazó suspenderlo de su cargo mientras avanza el proceso. Este caso marca la primera vez en la historia de España –una nación europea con un sistema judicial independiente y una monarquía parlamentaria– que un fiscal general del Estado se somete a juicio, acusado de filtrar información confidencial sobre el novio de Ayuso, incluyendo correos electrónicos de la Fiscalía que revelaban una oferta de acuerdo por el fraude.

¿Cuál es el origen del escándalo? El incidente se remonta a marzo de 2024, cuando la Fiscalía de Madrid reveló detalles de una investigación por delitos fiscales contra González Amador, quien habría defraudado 350.951 euros en impuestos corporativos mediante facturas falsas. García Ortiz, nombrado por el gobierno socialista del PSOE, es señalado por divulgar datos sensibles que podrían comprometer la imparcialidad judicial, en un contexto de tensiones políticas entre el gobierno central y la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con informes, la filtración incluyó un correo donde el abogado de González Amador admitía el fraude y proponía un acuerdo, lo que García Ortiz habría usado para contrarrestar acusaciones de que la Fiscalía ocultaba información. Ayuso y el PP han calificado el acto como un abuso de poder para atacarla políticamente, mientras que el fiscal general niega irregularidades y afirma que actuó en defensa de la institución.

¿Qué implica este juicio para el sistema judicial español? Podría erosionar la confianza en la Fiscalía General, un órgano clave para la persecución de delitos en un país con tradición democrática desde 1978, y generar debates sobre la independencia judicial en medio de polarización política. El proceso oral se llevará a cabo ante la Sala de lo Penal del Supremo, con posibles penas de hasta cuatro años de prisión si se confirma el delito.

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