El Ministerio Público de Chile abrió una investigación criminal de alta envergadura ante el presunto tráfico de más de 300 niños y adolescentes de nacionalidad haitiana, quienes ingresaron masivamente al territorio nacional entre enero y abril de 2025. La denuncia, interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones tras un demoledor informe de la Contraloría General de la República, expuso la absoluta falta de control fronterizo institucional que caracterizó a la administración del expresidente de izquierda, Gabriel Boric.
Según los antecedentes judiciales, las comitivas de menores arribaban en vuelos chárter privados bajo la cuestionada figura legal de “reunificación familiar”, siendo custodiados por al menos 12 adultos que oficiaban como tutores legales sin poseer ningún tipo de lazo sanguíneo con las víctimas. La gravedad del caso se acentúa debido a que las autoridades actuales desconocen por completo el paradero de una buena parte de los menores introducidos.
El dictamen del ente contralor de la República identificó que la Dirección General de la Aeronáutica Civil autorizó las operaciones de estas aeronaves sin que los funcionarios competentes verificaran la identidad de los pasajeros ni la legitimidad de las custodias durante el trayecto o al momento del desembarco. La Fiscalía chilena señaló textualmente que las pesquisas apuntan a dilucidar la complicidad de funcionarios públicos corrompidos que habrían facilitado o promovido activamente la entrada ilegal de estas personas al suelo nacional.
El director anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, ratificó que el órgano persecutor actuará con máxima celeridad y mano dura, advirtiendo que llegarán hasta la cima de la estructura criminal sin importar la calidad política de las personas involucradas. Las líneas de investigación penal abarcan la exigencia de informes periciales al Servicio de Migraciones, las coordinaciones con la Subsecretaría de la Niñez y el rastreo financiero para identificar a los autores intelectuales del financiamiento aeroportuario.
Trascendió que la Defensoría de la Niñez había emitido múltiples oficios de alerta desde el año 2023 advirtiendo sobre las flagrantes vulnerabilidades operativas de la migración irregular haitiana, los cuales fueron sistemáticamente ignorados por la burocracia del gobierno de Boric, evidenciando una negligencia culposa en la protección de las fronteras soberanas.
La revelación de este presunto esquema de tráfico humano provocó la reacción inmediata del actual presidente de la República, el líder conservador José Antonio Kast, quien tildó la denuncia como un hecho de extrema gravedad que requiere la máxima atención del aparato estatal. El mandatario derechista anunció a través de sus plataformas oficiales que su administración pondrá toda la evidencia recabada a la entera disposición de los tribunales para exigir las responsabilidades penales correspondientes caiga quien caiga.
El descontrol migratorio heredado de la gestión de izquierda ha obligado al nuevo Ejecutivo a robustecer de manera urgente las fiscalizaciones en todos los aeródromos y pasos fronterizos de la nación. Expertos en seguridad nacional señalan que la facilidad con la que operaban estas redes en 2025 demuestra el desmantelamiento intencionado de los filtros policiales, lo que puso en severo riesgo la seguridad nacional del país.
El Ministerio de Justicia coordinará auditorías especiales sobre cada una de las visas de reunificación familiar concedidas en los últimos tres años, con el objetivo de detectar otros posibles focos de fraude documental. La firmeza institucional demostrada por Kast busca restaurar el imperio de la ley y enviar una señal contundente a las bandas transnacionales de que Chile dejó de ser un territorio de impunidad.
Los próximos pasos de la Fiscalía de Tarapacá y las unidades metropolitanas incluirán citaciones obligatorias a exministros y directores del aparato de Boric para que respondan por las omisiones que permitieron el ingreso de los vuelos chárter de Anysphere y otras agencias cuestionadas. La opinión pública chilena exige un castigo ejemplar para los responsables, conscientes de que el tráfico de infantes constituye uno de los crímenes más aberrantes contra la dignidad humana.
(Con información de Infobae y BioBíoChile)
