Colombia, un país sudamericano con una larga historia de conflicto armado interno que ha involucrado guerrillas, paramilitares y narcotráfico desde la década de 1960, enfrenta nuevamente controversias en sus esfuerzos por la paz. Según Semana, el gobierno ha destinado recursos millonarios del erario público para proporcionar vehículos de alta gama, combustible y escoltas armados a delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla de orientación marxista-leninista activa desde 1964, y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos que surgieron tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC originales y que continúan en actividades armadas y delictivas.

¿Qué grupos específicos reciben estos beneficios y en qué consisten? De acuerdo a un reporte de Infobae, durante 2024, en el marco de las negociaciones de paz impulsadas por el presidente Gustavo Petro bajo su política de "paz total", seis delegados del ELN obtuvieron siete vehículos arrendados por un total mensual de 106.836.925 pesos colombianos (aproximadamente 25.000 dólares estadounidenses al cambio actual), más 7.981.370 pesos en bonos de gasolina y el servicio de 15 escoltas proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad estatal encargada de la seguridad de personas en riesgo. Por ejemplo, un delegado conocido como alias Antonio recibió dos vehículos por 16.238.113 pesos cada uno, combustible por 1.150.000 pesos y dos escoltas.

¿Y qué pasa con las disidencias de las FARC? Un artículo de El País detalla que diez delegados de estos grupos disidentes accedieron a diez camionetas con un arriendo mensual de 199.448.324 pesos, bonos de gasolina por 9.040.158 pesos y 25 escoltas. En casos específicos, alias Andrey obtuvo dos camionetas por 26.417.357 pesos en total, combustible por 789.041 pesos y cuatro escoltas, mientras que alias Calarcá recibió una camioneta de 11.747.280 pesos, combustible de 416.295 pesos y tres escoltas. Estos recursos provienen principalmente del Fondo de Programas Especiales para la Paz, administrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia, con un presupuesto asignado de 6.050.000.000 pesos para estas medidas en el año, complementado por 467.762.510 pesos en especie de la UNP.

¿Cuál es el contexto de estas asignaciones? Según Europa Press, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz selecciona a los beneficiarios y debe entregar informes mensuales sobre quiénes permanecen activos en las cuatro mesas de diálogo y cinco espacios sociojurídicos en curso. Sin embargo, hasta ahora, no se han registrado avances significativos en estos procesos, como acuerdos concretos para el cese al fuego o desmovilizaciones masivas, en un país donde el conflicto ha dejado más de 260.000 muertos y millones de desplazados desde los años 80. Fuentes de las Fuerzas Militares, citadas en Semana, han expresado preocupación por el uso de estos vehículos, afirmando que permiten a los delegados moverse libremente, incluso transportando armamento o sustancias ilícitas sin persecución.

¿Por qué genera controversia esta distribución de recursos? De acuerdo a un reporte de El Colombiano, mientras estos delegados de grupos armados circulan con protección estatal, alcaldes locales, concejales y líderes sociales en regiones rurales afectadas por la violencia reclaman salvaguardas similares, pero reciben respuestas de que no hay fondos suficientes. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, ha alertado sobre una crisis en el sistema de protección, con una flota limitada de vehículos blindados y personal que no alcanza para cubrir la creciente demanda de parlamentarios, precandidatos y activistas comunitarios. Esto se agravó tras el asesinato de figuras como el senador Miguel Uribe Turbay, exponiendo deficiencias en los esquemas de seguridad.

¿Hay precedentes en estas prácticas? En negociaciones pasadas, como las que llevaron al acuerdo de paz de 2016 con las FARC bajo el presidente Juan Manuel Santos, se asignaron protecciones similares a delegados guerrilleros para facilitar los diálogos en La Habana, Cuba. Sin embargo, según Chica Noticias, la actual administración ha ampliado estos beneficios en un momento de escasez presupuestaria, lo que ha llevado a críticas de sindicatos como la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, cuyo presidente Yesid Barragán cuestionó: "No es justificable que el Gobierno sí esté protegiendo a los criminales en medio de la paz total, mientras líderes sociales y alcaldes piden protección y se les dice que no hay para ellos".

Este escenario subraya los desafíos en equilibrar la búsqueda de paz con la protección equitativa de la sociedad civil en un país donde el narcotráfico y los grupos armados controlan vastas zonas rurales, afectando la economía y la estabilidad regional en América Latina.

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