El presidente de la República, José Antonio Kast, convocó de urgencia a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado (incluyendo la Corte Suprema, el Congreso, la Fiscalía Nacional y la Contraloría) para coordinar una respuesta inmediata ante el ingreso irregular de estos menores durante el año 2025 bajo el mandato de Gabriel Boric. Muchos de los niños se encuentran actualmente en paradero desconocido en distintas regiones del país.
🇨🇱🇭🇹‼️| Un informe presentado por la Contraloria General de Chile reveló que 300 niños y adolescentes ingresaron al país en concepto de “reunificación familiar”. El ingreso se dio en 2025 y temen un presunto tráfico de personas. “El ingreso se dio en condiciones deficientes por… pic.twitter.com/hlg5wBXSx0
— UHN Plus (@UHN_Plus) June 20, 2026
La trama delictiva quedó al descubierto tras una auditoría conjunta realizada por el Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI). Según los informes oficiales, alrededor de 200 menores haitianos arribaron al territorio nacional en vuelos chárter especialmente rentados. Los traslados se camuflaron legalmente bajo la figura de "reunificación familiar"; sin embargo, las fiscalizaciones detectaron que los menores nunca eran recogidos por sus supuestos padres y que una docena de adultos, tanto chilenos como extranjeros, realizaron múltiples viajes acompañando a grupos de entre dos y 18 niños sin poseer ningún vínculo consanguíneo ni los permisos legales requeridos.
Ante la gravedad de los hechos, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, lideró una reunión interinstitucional de emergencia en la que se anunció la creación inmediata de una fuerza de tarea específica para apoyar las pesquisas penales. Este grupo especial tendrá como misión prioritaria cruzar las bases de datos aduaneras y de extranjería para identificar, ubicar y asegurar el bienestar de cada uno de los menores vulnerados. El Gobierno enfatizó que la prioridad absoluta del Estado chileno radica en salvaguardar la integridad de la infancia, dejando en un segundo plano temporal las disputas administrativas.
Por su parte, el presidente Kast enfatizó ante la prensa que la protección de los niños y el combate a las mafias de tráfico humano están "por sobre cualquier consideración política". Para materializar esta directriz, el mandatario encomendó a la ministra de Seguridad Social, María Jesús Wulf, la tarea de liderar y agilizar la recopilación de información de inteligencia entre ministerios clave como Defensa, Cancillería, Justicia y Desarrollo Social, garantizando que se utilizarán todos los recursos policiales disponibles para desmantelar la presunta red de corrupción que facilitó la evasión de los controles migratorios.
Con la Fiscalía Nacional ya instruyendo las primeras diligencias y la PDI desplegada en el terreno, Chile busca cerrar un peligroso coladero migratorio que expone las falencias de fiscalización de los años recientes. Las autoridades civiles han ratificado su compromiso de no descansar hasta tener certeza absoluta sobre las condiciones de vida y ubicación de los menores haitianos desaparecidos.
(Con información de Deutsche Welle, la Contraloría General de Chile y Associated Press)
