La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este miércoles una pena de siete años de prisión para el expresidente Nicolas Sarkozy, superando la condena de cinco años impuesta en primera instancia. El fiscal Rodolphe Juy-Birmann incluyó en el requerimiento una multa de 300.000 euros y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.
La acusación sostiene que Sarkozy instigó y se benefició de un acuerdo con el régimen de Muamar Gadafi para obtener financiación ilícita destinada a su campaña presidencial de 2007, con el objetivo de sacar al dictador libio del aislamiento internacional.
El proceso judicial señala la existencia de reuniones entre el entorno de Sarkozy y emisarios de Gadafi, además del presunto traspaso de fondos a través de intermediarios. En el juicio original, el tribunal consideró probada la asociación ilícita para captar el dinero, aunque no acreditó que los fondos llegaran efectivamente a la campaña, lo que derivó en una sentencia de cinco años. Sarkozy cumplió 20 días de prisión el año pasado antes de ser liberado bajo control judicial.
Junto al exmandatario, otros diez procesados enfrentan solicitudes de penas de entre diez meses y seis años de cárcel. Entre ellos figuran antiguos colaboradores cercanos como Claude Guéant y Brice Hortefeux. La tesis de la fiscalía afirma que, a cambio del apoyo financiero, el equipo de Sarkozy se comprometió a gestionar la revisión de la condena contra Abdallah Senoussi, cuñado de Gadafi y jefe de inteligencia libio, sentenciado en Francia por un atentado aéreo ocurrido en 1989.
Sarkozy, quien presidió Francia entre 2007 y 2012, declaró ante los jueces que no existía vínculo previo con Gadafi que justificara un acuerdo de esa naturaleza. Su abogado, Christophe Ingrain, afirmó que durante las próximas semanas de alegatos demostrarán que el patrimonio del expresidente no registra ingresos irregulares.
La investigación de esta causa se remonta a 2011, tras denuncias sobre transferencias que ascenderían a seis millones de euros canalizados por el intermediario Ziad Takieddine. El tribunal de apelación deberá evaluar las pruebas presentadas sobre el presunto encubrimiento de malversación de fondos públicos libios.
Las audiencias de apelación continuarán hasta el mes de junio y la sentencia final ha sido programada para el 30 de noviembre. En caso de que el tribunal ratifique o endurezca la condena, la defensa de Sarkozy mantiene la opción de recurrir ante la Corte de Casación, la instancia judicial suprema en Francia.
(Con información de AFP, AP y DPA)
