La oposición venezolana democrática enfrenta un riesgo inaceptable: diluirse en la irrelevancia durante esta fase decisiva; por eso, urge que asuma el rol del gobierno electo del 28 de julio, cuya victoria el dictador Maduro confiscó al bloquear su toma de posesión el 10 de enero de 2025. Esta postura no es mera simbología: representa el catalizador para reencuadrar la lucha no como un choque entre el dictador y Estados Unidos, sino como la nación entera resistiendo a un usurpador perseguido por la justicia de Nueva York por nexos narco, en paralelo a figuras como Noriega o el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de cárcel.

Lo que azota a Venezuela no es un mero roce bilateral, sino el pueblo contra un régimen que ha secuestrado el Estado, y donde Washington no recurrirá a una intervención armada ni prolongará un cerco naval oneroso en el Caribe, dado que sus focos estratégicos —como contrarrestar a Pekín— minimizan el peso de la región, tal como lo refleja la tibia atención en los grandes medios angloparlantes. La invasión está descartada, y el bloqueo marítimo, aunque efectivo contra el narcotráfico, no es sostenible sin un propósito más amplio.

Avances clave ya se concretaron: la oferta de recompensa por el dictador, su calificación como usurpador y la denuncia del régimen como narcotirania del Cartel de los Soles, avalados por seis naciones de la región. Aun así, este cerco selectivo no derribará solo la estructura opresora; revueltas callejeras masivas pudieron haberla quebrado antes, pero la brutalidad represiva domina, recordándonos que no cabe forzar sacrificios letales sin una presencia opositora más audaz y estratégica.

A diferencia de Nepal o la Albania estalinista, Venezuela comparte con procesos transicionales victoriosos dos fundamentos irrenunciables: cohesión interna y un liderazgo en ascenso que ilustre el flujo de autoridad del régimen agonizante al emergente. El pueblo ha disipado el temor en hitos cruciales —acudiendo en masa a las urnas en julio por exhorto de María Corina Machado y desoyendo la farsa electoral del dictador en mayo de 2025 sobre el Esequibo—, pero ahora demanda una revisión táctica, libre de culpas individuales, para abandonar enfoques obsoletos y priorizar maniobras pragmáticas que no solo tumben al dictador, sino que desmantele la dictadura entera, con su injerencia cubana y su red narco.

Neutralizar lealtades residuales —en uniformados, agentes de orden, jueces, burócratas y elites corruptas— exige que la oposición opere de inmediato como autoridad en potencia. Medidas ilustrativas: retornos de desterrados, ya sea en secreto o a la luz pública, para desafiar a magistrados locales y forzar liberaciones con caución, desmontando el mito de control judicial. El impacto se amplificaría si la administración Trump o Marco Rubio impusieran castigos selectivos a jueces cómplices de la represión, impulsando una desobediencia que valide las demandas y proyecte dominio opositor.

Acciones paralelas de resonancia: designar voceros sectoriales —posibles titulares ministeriales— para dominios como hidrocarburos, organizando cumbres comerciales gemelas en Caracas y Houston, invitando a inversores occidentales, rusos y chinos para negociar saldos adeudados y flujos energéticos. Delegados del legítimo Ejecutivo de Edmundo González merecen audiencias rutilantes en el Kremlin y Zhongnanhai, centradas en obligaciones financieras y suministros petroleros, pues Moscú y Pekín no apostarán por el dictador Maduro ante ausencias de stakes vitales.

De igual modo, esbozar esquemas para repatriar a la diáspora interesada, expuestos en foros de Caracas y Washington, para influir en políticas migratorias estadounidenses sensibles. Esencial: entablar con la Casa Blanca pactos sobre bonificaciones postcaída, como ceder acceso a minerales estratégicos —tierras raras— para innovaciones tech, cortando lazos de dependencia con China y anclando el involucramiento yanqui más allá de la “presión máxima” antinarcóticos.

La vaguedad transicional aviva ansiedades: ¿destinos para burócratas inocentes, entes electorales o tribunales? ¿Procesos por violaciones a DD.HH. hasta qué estrato, resarcimientos y causas por lesa patria contra cúpulas, ante la infiltración habanera? Definir esto —variando entre exsatélites rojos y casos latinos como Argentina frente a Chile— es perentorio; tal vez priorizar extradiciones narco a EE.UU., suplementadas por vías domésticas e onusianas vía Convención de Palermo.

Sostener un embate incesante de descrédito absoluto demanda que los líderes opositores circulen globalmente, sean agasajados en repúblicas libres y obtengan amparo diplomático superior al de Guaidó, marginando al dictador y acentuando su obsolescencia. Emular un Ejecutivo electo habilita convocatorias a castrenses para honrar su mandato constitucional, diálogos con veteranos y distinción entre coerción ilegítima y legítima, abreviando el calvario sin fisuras aparentes —posiblemente latentes bajo escrutinio chavista-cubano—.

De lecciones del 28 de julio y tropiezos guaidonianos —como el espejismo de 2020— surge sabiduría: sortear agotamientos. Urge mapear contingencias cronometradas para eludir golpes de efecto, como un viraje de Washington a monitoreo orbital, y forjar con la Casa Blanca un nexo que pese costos contra ganancias geoestratégicas, intensificando el asedio financiero al calibre que desarticuló el apartheid sudafricano.

El régimen del dictador se refugia en la ilusión, pero su ocaso acecha. Corresponde a la oposición inyectar ímpetu con iniciativas nítidas para cada jugador clave —incluido un esquema con EE.UU. que blinde su engagement continuo—, propinando el empuje definitivo para que Venezuela emerja libre, sin alargar el suplicio de una tiranía exhausta.