La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sacudió el escenario político regional al presentar ante el Congreso de la República un severo paquete de seis proyectos de ley diseñados para aplastar el avance del narcotráfico y la delincuencia transnacional. El eje central de la iniciativa gubernamental prioriza la protección irrestricta de las fuerzas del orden, estableciendo por ley que la respuesta armada de un oficial en cumplimiento de su deber será presumida automáticamente como legítima defensa.
La mandataria costarricense fundamentó la urgencia de esta medida en la necesidad de terminar con el desamparo judicial que sufren los policías frente a delincuentes fuertemente armados. Fernández exigió al Parlamento una tramitación rápida y patriótica para dotar al Estado de las herramientas legales necesarias que pongan fin a la impunidad de las bandas criminales.
Las reformas presentadas por el Ejecutivo introducen castigos drásticos y restricciones procesales severas para los agresores que atenten contra la integridad de los agentes de seguridad interna. La normativa contempla la negación absoluta de la libertad condicional para quienes ataquen a los uniformados, dictaminando prisión preventiva inmediata ante cualquier acto de resistencia violenta o intento de desarme durante una detención.
"No puede ser posible que los policías detienen hoy a un sujeto violento y que dos o tres horas después se lo vuelven a topar en la calle como si nada", fustigó la jefa de Estado.
La ofensiva legal de la presidenta Fernández tipifica de manera autónoma la integración de organizaciones delictivas, persiguiendo no solo a los ejecutores, sino también a la logística financiera, contable y tecnológica que sustenta al crimen organizado. La legislación abarca delitos de alta gravedad como el terrorismo, el narcotráfico internacional, el lavado de activos y el tráfico de armas, anulando cualquier posibilidad de salida anticipada de prisión para los reincidentes. La gobernante criticó abiertamente la sofisticación operativa de estas mafias y defendió la urgencia de implementar una política criminal de tolerancia cero.
El Gobierno detalló que el mantenimiento de cada reo le cuesta al Estado unos 1.000 dólares mensuales, una cifra que supera el salario básico nacional y que ya no será costeada gratuitamente por los contribuyentes. "No queremos más vagos en la cárcel", sentenció con firmeza la mandataria centroamericana. Los ingresos generados por el trabajo obligatorio de los internos se distribuirán de forma equitativa: un 35% financiará el sistema carcelario, otro 35% se destinará a la reparación de las víctimas, un 20% mantendrá a sus familias y el remanente constituirá un fondo de ahorro.
La reestructuración legal incluye además una reforma integral al sistema de registros judiciales que elimina el derecho al olvido para los autores de crímenes graves. Bajo esta nueva premisa, los antecedentes penales de los delincuentes profesionales y habituales permanecerán visibles de manera perpetua para los jueces y fiscales, impidiendo que los criminales limpien su historial para evadir la acción de la justicia.
La contundencia del paquete legislativo traslada toda la presión política hacia las bancadas del Congreso, a quienes el Ejecutivo emplazó a actuar con celeridad ante el dolor de las familias afectadas por la violencia. Analistas del Istmo coinciden en que la propuesta de Laura Fernández sitúa a Costa Rica en la vanguardia de la lucha continental contra el crimen, emulando estrategias exitosas de ordenamiento y firmeza institucional.
(Con información de Infobae)
