Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, ha extendido una oferta formal de diálogo al gobierno de Donald Trump para mitigar el creciente conflicto bilateral. En una carta enviada recientemente, el dictador rechazó categóricamente las imputaciones de Estados Unidos sobre el rol de su país en el tráfico de estupefacientes y abogó por una comunicación abierta y sin intermediarios.

La correspondencia, fechada el 6 de septiembre de 2025, se produce apenas días después de un incidente que ha avivado las fricciones: un bombardeo estadounidense contra una nave vinculada a Venezuela, en el que perdieron la vida 11 personas. Washington justificó la acción alegando que los ocupantes pertenecían a la organización criminal Tren de Aragua y participaban en actividades de narcotráfico, aunque no ha divulgado evidencias concretas. Maduro, por su parte, minimizó la implicación venezolana al afirmar que únicamente el 5% de la producción de drogas colombiana transita por su territorio, y que el 70% de esos envíos ha sido interceptado y destruido por fuerzas locales.

En el documento, al que accedieron medios internacionales, Maduro instó a una “conversación directa y honesta” con un representante designado por Trump. Sugirió específicamente a Richard Grenell, exenviado especial, como figura idónea para este rol, destacando su efectividad en gestiones pasadas, como la coordinación de repatriaciones aéreas de migrantes venezolanos. De hecho, estos vuelos bisemanales han proseguido sin contratiempos pese a la escalada, con más de 8.000 personas devueltas a Venezuela en colaboración con las autoridades caribeñas, según datos oficiales.

El trasfondo de esta propuesta es una serie de confrontaciones que han elevado la temperatura en la región. Trump ha ordenado al menos tres operaciones contra supuestos buques narcóticos venezolanos, respaldadas por un impresionante contingente militar: siete destructores, un submarino nuclear y aviones F-35 en el sur del Caribe. En un post reciente en su red social Truth Social, el presidente estadounidense endureció su postura al demandar la aceptación inmediata por parte de Caracas de prisioneros y pacientes psiquiátricos supuestamente “impuestos” por el régimen, bajo amenaza de consecuencias “imposibles de calcular”.

Desde Caracas, la reacción no se hizo esperar. El régimen venezolano denunció las incursiones como un “acto de agresión” destinado a forzar un derrocamiento, y respondió con una serie de simulacros en la isla de La Orchila, involucrando a 2.500 soldados, 12 embarcaciones, 22 aviones y lanzamientos de misiles rusos. Además, se reportó un reforzamiento de la presencia militar en las vías de Caracas, con vehículos blindados y patrullas motorizadas para “garantizar la estabilidad interna”. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, enfatizó la preparación para “sorprender a cualquier agresor potencial”.

A pesar de esta demostración de fuerza, analistas advierten sobre las limitaciones reales del aparato castrense venezolano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con 123.000 efectivos activos y 220.000 milicianos en papel, pero solo alrededor de 30.000 de estos últimos estarían capacitados y equipados adecuadamente, según estimaciones de inteligencia. Expertos como Geoff Ramsey del Atlantic Council y Henry Ziemer del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales coinciden en que, aunque ninguna parte desea un enfrentamiento directo, el riesgo de un malentendido en medio de estos movimientos podría precipitar una crisis mayor.

Dentro de la administración Trump, persisten divisiones: mientras figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y el de Defensa Pete Hegseth abogan por una línea dura, Grenell representa una vía más pragmática. La Casa Blanca, por ahora, ha optado por el silencio respecto a la carta de Maduro, lo que deja en el aire la posibilidad de una respuesta diplomática. Mientras tanto, la situación en el Caribe permanece volátil, con ambos líderes enviando señales contradictorias entre amenazas y gestos de apertura.