El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó el pasado viernes una profunda reorganización de la Función Ejecutiva. Mediante la expedición de los decretos ejecutivos 425, 426 y 427, el mandatario dispuso la reducción del gabinete ministerial, que pasa de 14 a 10 carteras de Estado. Esta reestructuración institucional busca eliminar la duplicidad de funciones, agilizar la toma de decisiones políticas y concentrar competencias estratégicas que antes se encontraban dispersas.
La Secretaría General de la Administración Pública y Planificación informó que este ajuste está bajo la estrategia de austeridad y eficiencia iniciada por Noboa en 2025. El cambio más significativo se concentra en el ámbito financiero con la vigencia del Decreto 425, el cual determina la fusión por absorción de los ministerios de Agricultura y Ganadería, y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta unión da nacimiento al nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, una macrocartera diseñada para alinear de forma directa la política fiscal con el desarrollo agropecuario y las inversiones internacionales.Por otra parte, el sector de la obra pública y la conectividad experimentará una transformación sustancial bajo el amparo del Decreto 426.
El Gobierno dictaminó la fusión del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La entidad resultante se denominará Ministerio de Infraestructura y Tecnología, unificando bajo un mismo mando la planificación vial y los procesos de transformación digital del país. Dentro de este nuevo esquema, el área de telecomunicaciones pasará a operar formalmente como un viceministerio.
La tercera gran modificación estructural modifica el andamiaje sociolaboral de la nación andina. El Decreto 427 establece la disolución e integración del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, y la Unidad de Registro Social. Todas estas dependencias quedarán centralizadas en el flamante Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, el cual tendrá la responsabilidad de unificar las políticas de empleo formal con los programas de asistencia y protección dirigidos a los grupos más vulnerables de la población.
El cronograma legal establecido por el Ejecutivo estipula que todas las fusiones por absorción deberán completarse en un plazo máximo de 60 días contados a partir de su publicación en el Registro Oficial, extendiéndose hasta los 90 días para los procesos específicos de adscripción institucional. Los nuevos ministerios asumirán la totalidad de los planes, proyectos vigentes, derechos y obligaciones de las entidades absorbidas.
(Con información de El Comercio y Prensa Ecuador)
