Un informe exhaustivo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone una política de represión estatal en Venezuela que, entre julio de 2024 y agosto de 2025, ha escalado a niveles de crímenes internacionales. La Misión concluye que la represión iniciada el 29 de julio de 2024 representa una continuación exacerbada de un plan para aniquilar a opositores reales o percibidos, configurando el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas.

El documento, que será presentado este lunes, se basa en evidencias recopiladas durante un periodo crítico posterior a las elecciones presidenciales de 2024 y la toma de posesión de Nicolás Maduro. Se atribuye la responsabilidad directa al régimen venezolano y sus fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), identificando a víctimas que incluyen opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas, adolescentes y personas extranjeras.

Asesinatos, Detenciones y Tortura: Un Patrón Sistemático

El informe detalla asesinatos durante protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, todo ello como elementos de una estrategia para suprimir la disidencia. La Misión considera que estos actos no son aislados, sino parte de un plan estatal que viola el derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales.

Entre los casos documentados se encuentran ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones, donde fuerzas de seguridad dispararon contra civiles desarmados, y muertes en detención por negligencia o golpizas intencionales. Las detenciones arbitrarias, a menudo sin orden judicial, involucraron a miles, con un enfoque en líderes opositores y sus redes familiares, generando un efecto disuasorio en la sociedad.

La tortura emerge como una herramienta recurrente, con métodos como golpizas, asfixia y descargas eléctricas reportados en centros como El Helicoide y La Tumba. La Misión destaca que la impunidad es estructural, con el Estado negando investigaciones y sanciones a los responsables, dejando a víctimas y familias sin acceso a justicia.

Violencia Sexual y Vulnerabilidad de Grupos Específicos

La violencia sexual contra mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT en custodia estatal es particularmente alarmante, con casos de sexo coercitivo, desnudez forzada, abuso y amenazas de violación por funcionarios. La Misión concluye que estos actos forman parte de una política de represión y humillación para silenciar a la disidencia, agravando la vulnerabilidad de estos grupos.

Más de 220 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos arbitrariamente en el contexto postelectoral y de la toma de posesión, sin considerar su interés superior. Sometidos a tratos crueles, incomunicación y procesos judiciales sin garantías, enfrentaron condiciones de detención inadecuadas y falta de defensa técnica, lo que profundizó su trauma.

Ataques al Espacio Cívico y a Periodistas

El régimen ha restringido el espacio cívico mediante leyes que criminalizan a organizaciones no gubernamentales, la defensa de derechos humanos y el periodismo independiente. Se documentaron detenciones arbitrarias, amenazas, censura y bloqueos digitales, junto con el uso de tecnología para vigilar y reprimir a disidentes. Organizaciones de derechos humanos han sufrido obstáculos legales, hostigamiento público y detenciones de miembros, fomentando un clima de inseguridad y autocensura.

Impunidad Estructural y Llamado Internacional

La impunidad y la falta de acceso a la justicia son inherentes al sistema, con el Estado evadiendo investigaciones y reparaciones para víctimas. El informe, con 19 casos ilustrativos como muestra de un universo mucho más amplio, urge al Consejo de Derechos Humanos a actuar con urgencia.

La Misión exige la cooperación internacional para documentar y sancionar estas violaciones, incluyendo el acceso a prisiones y el fin de la impunidad. Este documento representa la evidencia más exhaustiva de una crisis de derechos humanos en Venezuela, destacando la necesidad de una respuesta global que priorice la verdad y la reparación para las víctimas.