Las autoridades investigan tres tiroteos masivos registrados en un lapso de apenas seis días en asentamientos empobrecidos cerca de las tres principales metrópolis del país (Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban), con un saldo de al menos 38 personas asesinadas y cerca de 30 heridas.
A diferencia de los atentados cometidos por atacantes solitarios, las masacres en territorio sudafricano responden a patrones delictivos estructurados. El episodio más sangriento tuvo lugar el sábado por la noche en el asentamiento de Wedela, al suroeste de Johannesburgo, donde ocho sujetos armados con fusiles AK-47 y pistolas abrieron fuego a discreción afuera y dentro de un local nocturno, masacrando a 17 personas. Horas después, una incursión similar en Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo, dejó 10 muertos, mientras que el martes anterior otra ráfaga armada cobró la vida de 11 personas durante una fiesta en KwaMakhutha, Durban.
El Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) enfoca sus líneas de investigación en la guerra por el control territorial que sostienen bandas de minería ilegal de oro (conocidas por asolar la región aurífera de Johannesburgo), así como redes de narcotráfico y extorsión en zonas marginales. Las primeras hipótesis apuntan a ajustes de cuentas entre estructuras criminales paralelas que operan en la impunidad de asentamientos informales, donde la precariedad de la infraestructura y el desarme deficiente facilitan la proliferación de armamento de guerra.
Ante la escala del desafío y el descontento social por la ineficiencia policial en las zonas más vulnerables, el Gobierno mantiene vigente la intervención directa de unidades del Ejército Nacional para respaldar los patrullajes e interdicciones del SAPS. Pese al despliegue de comandos especializados de rastreo, hasta el momento no se registran detenidos por las masacres de esta semana, lo que exige acelerar las reformas de inteligencia y contrainteligencia militar para desarticular a los carteles locales, restaurar el principio de autoridad y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.
(Con información de Diario El Salvador y Associated Press)
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