La sociedad civil organizada y la Plataforma Unitaria Democrática han intensificado sus exigencias para que se establezca una ruta electoral clara en Venezuela. A través de un comunicado conjunto, dieciocho organizaciones no gubernamentales señalaron que, ante el actual escenario de excepcionalidad institucional, es impostergable convocar a un proceso que permita restituir el orden constitucional.
Para este sector, el paso fundamental hacia la reinstitucionalización es la renovación integral del Consejo Nacional Electoral, actualmente presidido por Elvis Amoroso. Las ONG consideran indispensable sustituir a las autoridades vinculadas al chavismo por una directiva independiente, profesional y confiable que pueda organizar comicios competitivos.
En sintonía con este reclamo, la Plataforma Unitaria Democrática desarrolla una hoja de ruta que incluye reuniones con diversos sectores políticos y empresariales para ampliar el respaldo a una transición negociada. La alianza opositora reconoce que el país todavía no cuenta con las condiciones mínimas para una competencia auténtica debido a las restricciones a los derechos ciudadanos y el aparato represivo estatal.
Entre las exigencias prioritarias de la coalición opositora destacan la liberación inmediata de todos los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados al territorio nacional. La propuesta busca el cese definitivo de la persecución política como base para una reconciliación nacional duradera y una convivencia democrática respetuosa.
La segunda etapa del plan opositor se enfoca en la recuperación económica y la justicia, sentando los cimientos para un proceso de negociación que sea estrictamente verificable. La Plataforma Unitaria ha mostrado su disposición a entenderse con el oficialismo bajo un marco de respeto mutuo, siempre que el objetivo final sea la realización de elecciones reconocidas internacionalmente.
La oposición sostiene que solo mediante el desmantelamiento de las estructuras de hostigamiento se podrá abrir el espacio cívico necesario para que los derechos políticos de todos los venezolanos sean restituidos de manera plena. María Corina Machado ha proyectado que, de alcanzarse los acuerdos necesarios, el país podría estar en condiciones de votar en un plazo aproximado de diez meses.
