El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La medida afecta también a su asesora, María Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. El magistrado otorga cinco días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus conclusiones definitivas.
La investigación señala que la mujer del presidente español registró a su nombre una marca y un software universitario financiado con fondos públicos y privados. Según la instrucción, entidades como Indra o Google aportaron más de 300.000 euros a la cátedra dirigida por la investigada. La Universidad Complutense estima un perjuicio patrimonial de al menos 108.765 euros por estas acciones.
Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés es procesado por corrupción y tráfico de influencias tras colaborar con la citada cátedra. La causa indica que recibió cartas de recomendación firmadas por Gómez que habrían facilitado adjudicaciones públicas a sus compañías tecnológicas. No obstante, el juez ha decidido archivar la acusación por intrusismo profesional contra el consultor.
“Se concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral”.
La asesora María Cristina Álvarez es señalada por gestionar proyectos privados de Gómez desde la sede de la Moncloa. La investigación sostiene que utilizó el correo institucional para dar "apariencia oficial" a los trámites de la cátedra universitaria. Álvarez ha percibido desde 2018 más de 361.000 euros brutos de salario público como personal de asistencia en el Palacio.
Las defensas de los implicados han solicitado el archivo del caso alegando que los hechos no revisten carácter de delito penal. Sostienen que el registro de la marca no afectó al patrimonio de la universidad y que las cartas de apoyo eran trámites habituales. El abogado de la esposa de Sánchez asegura que la financiación externa del máster nunca llegó a sus cuentas personales.
El Ministerio Fiscal reconoce ahora que la causa cuenta con una imputación articulada para ser evaluada en la fase de juicio oral. El magistrado Peinado ha ordenado además nuevas diligencias para recabar facturas de servicios prestados a la cátedra de transformación social. Se busca confirmar si el uso de recursos estatales para fines privados constituye un delito de malversación.
Finalmente, el auto judicial detalla cómo la red profesional de la investigada se expandió tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. El magistrado concluye que existen indicios suficientes para avanzar con el proceso penal contra el entorno del presidente del Gobierno. El caso entrará próximamente en la fase de calificación tras casi dos años de una compleja instrucción judicial.
