El informe, elaborado por el "Grupo de Trabajo sobre Instrumentalización" creado bajo la actual Administración Trump, revela una colusión sistémica entre funcionarios del DOJ y organizaciones como Planned Parenthood y la National Abortion Federation. Estos grupos colaboraron activamente en el rastreo de ciudadanos provida, facilitando información que luego se utilizaba para iniciar investigaciones criminales. El fiscal general interino, Todd Blanche, fue contundente al asegurar que el departamento no volverá a tolerar un sistema de justicia de "dos niveles" basado en las creencias personales de los ciudadanos.
🇺🇸‼️ | El Departamento de Justicia (DOJ) ha hecho público un informe de 882 páginas que expone lo que califica como la "instrumentalización" del aparato estatal durante la gestión anterior. Según la auditoría, basada en más de 700.000 documentos internos, la Administración Biden… pic.twitter.com/qbIoR7ZTID
— UHN Plus (@UHN_Plus) April 14, 2026
Uno de los hallazgos más escandalosos del reporte es la ocultación deliberada de pruebas. En varios casos, los fiscales del DOJ de Biden habrían negado el acceso a registros solicitados por los abogados defensores, alegando falsamente que no existían cuando la información estaba "fácilmente disponible". Esta práctica impidió que los acusados pudieran montar una defensa afirmativa basada en la persecución selectiva, vulnerando los principios más básicos del debido proceso y la integridad del sistema judicial estadounidense.
El documento también pone el foco en las tácticas de arresto agresivas y desmedidas. Se cita el caso del activista Mark Houck, cuya oferta de entrega voluntaria fue rechazada por los fiscales para autorizar, en su lugar, un aparatoso despliegue del FBI en su domicilio frente a su familia. Esta "teatralidad punitiva" contrastaba drásticamente con la pasividad mostrada ante ataques contra centros de recursos para el embarazo y congregaciones religiosas, los cuales fueron ignorados sistemáticamente por la administración anterior.
La disparidad en las peticiones de condena es otro de los datos que evidencian el sesgo ideológico. Según el DOJ, los activistas provida enfrentaron solicitudes de prisión de un promedio de 26,8 meses, mientras que aquellos acusados de violencia contra organizaciones provida o iglesias recibían peticiones de apenas 12,3 meses. Este desequilibrio estadístico confirma, según el informe, que bajo el mandato de Biden se priorizó la criminalización de una postura moral específica mientras se protegía por omisión a los sectores afines a la agenda demócrata.
Asimismo, el informe denuncia que los fiscales intentaron excluir a ciudadanos de los jurados basándose únicamente en sus creencias religiosas, en un intento por asegurar veredictos favorables a la narrativa pro-aborto. Esta discriminación por motivos de fe es calificada en el reporte como una de las conductas más oscuras de los abogados del departamento, quienes "deberían haber actuado con mayor ética" en lugar de utilizar su poder para purgar el sistema judicial de voces disidentes.
Ante estas revelaciones, la actual administración ya ha tomado medidas correctivas de calado. El presidente Trump ha emitido indultos para varios activistas provida condenados injustamente, ha desestimado casos civiles en curso y ha ordenado que las futuras aplicaciones de la Ley FACE se limiten estrictamente a circunstancias extraordinarias con factores agravantes significativos.
