El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el envío urgente al Parlamento de un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción, en una medida institucional contundente para frenar el prolongado sabotaje que sufre la nación. Durante el acto oficial de toma de juramento del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, el mandatario denunció abiertamente que una parte considerable de las movilizaciones y bloqueos que mantienen cercadas a ciudades clave como La Paz y El Alto están siendo financiadas directamente con recursos económicos provenientes del narcotráfico.
Con más de un mes de rutas paralizadas por grupos sindicales y cocaleros alineados con el exmandatario socialista Evo Morales, la iniciativa del Ejecutivo busca otorgar el respaldo institucional y la seguridad jurídica indispensables para que las Fuerzas Armadas actúen con firmeza en escenarios de grave emergencia nacional.
La propuesta legislativa tiene como prioridad absoluta restablecer el orden interno y garantizar el suministro inmediato de bienes esenciales para la población civil, la cual padece desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles. Paz fue categórico al señalar que su administración no vacilará en aplicar un programa de acción humanitaria conjunta entre la Policía y las Fuerzas Armadas para disolver los piquetes ilegales que atentan contra el derecho a la vida y la salud de los bolivianos.
Para los sectores que defienden la legalidad, el uso de las facultades constitucionales del Estado es la única salida viable frente a la intransigencia de los huelguistas, quienes recientemente radicalizaron su postura al rechazar de forma unánime una mesa de pacificación convocada bajo la mediación de la Iglesia Católica.
El jefe de Estado diferenció con claridad las demandas sociales legítimas de las acciones criminales orquestadas por el crimen organizado para socavar la democracia. El presidente reveló que las fuerzas de seguridad estatales han interceptado a portadores de grandes sumas de dinero provenientes de regiones cocaleras, recursos que eran destinados de manera sistemática a sostener la logística de las protestas desestabilizadoras.
Aunque Paz evitó profundizar en los detalles de las investigaciones judiciales en curso para salvaguardar el debido proceso, aseguró que las autoridades poseen pruebas contundentes que vinculan directamente al entorno de Evo Morales con la planificación de estos actos de sedición callejera que buscan forzar de manera ilegal la renuncia del gobierno democrático.
Ante el recrudecimiento de la crisis, el mandatario calificó la actual coyuntura como "la batalla de todas las batallas" para la supervivencia de la república, denunciando además la existencia de una agresiva campaña de desinformación operada desde el exterior a través de plataformas digitales. Paz caracterizó esta ofensiva mediática inteRnacional, orientada a profundizar la polarización y debilitar las instituciones nacionales, como una verdadera invasión silenciosa contra el Estado boliviano.
Pese a mantener la firme disposición de activar los mecanismos de fuerza pública amparados por la ley, el presidente Paz reiteró su última y formal invitación a un diálogo franco, abierto y constructivo con los dirigentes sindicales que no estén contaminados por las mafias del narcotráfico. La administración central remarcó que las respuestas técnicas a los reclamos económicos ya han sido formuladas por el gabinete de ministros, dejando la responsabilidad de una salida pacífica exclusivamente en manos de las coordinadoras de las movilizaciones.
La incorporación de Ernesto Justiniano al frente del Ministerio de Defensa refuerza esta estrategia de tolerancia cero contra el crimen organizado, alineando la doctrina de seguridad nacional con los estándares occidentales de protección del orden público y el libre mercado.
