El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, resolvió este lunes su demanda judicial de 10.000 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a cambio de la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a víctimas de presunta instrumentalización gubernamental. Los términos del acuerdo judicial establecen que el mandatario, sus hijos y la Organización Trump recibirán una disculpa formal por parte del Estado, pero ningún pago directo.
El litigio penal y administrativo se originó luego de que un contratista del IRS filtrara de manera ilegal las declaraciones de impuestos confidenciales de Trump a medios de comunicación durante su primer mandato, hecho por el cual el responsable fue condenado a prisión federal. El documento de resolución fue ratificado por el fiscal general encargado, Todd Blanche, quien ejerció como abogado defensor de Trump antes de asumir el cargo en el Departamento de Justicia.
El pacto se concretó dos días antes del vencimiento del plazo impuesto por la jueza federal Kathleen Williams, quien cuestionó si existía un conflicto de intereses legítimo al demandar a agencias bajo el control del propio presidente.
El nuevo mecanismo operará a través de una comisión de cinco miembros designados directamente por el fiscal general, con la salvedad de que el presidente Trump mantiene la potestad legal de remover a cualquier integrante. El fondo especial tendrá vigencia para evaluar y procesar reclamaciones ciudadanas hasta diciembre de 2028, coincidiendo con la finalización del periodo presidencial.
Los recursos económicos asignados para las compensaciones provendrán del Fondo de Sentencias del Departamento del Tesoro, una cuenta pública financiada con los impuestos de los contribuyentes que el Estado utiliza para liquidar disputas legales y acuerdos judiciales.
Los analistas legales señalaron que el fondo establece un sistema sin precedentes dentro de la administración pública estadounidense, diseñado para resarcir a individuos que afirmen haber sido perseguidos de forma injustificada por la gestión de Joe Biden. Entre los potenciales beneficiarios de estas indemnizaciones se incluye a los acusados por los sucesos del 6 de enero en el Capitolio que aleguen motivaciones políticas en sus procesamientos.
La resolución judicial desactiva de forma inmediata las audiencias públicas programadas en el tribunal del distrito, donde la fiscalía debía justificar la viabilidad de la demanda civil interpuesta por la familia Trump. Representantes de la oposición demócrata criticaron la estructura de la comisión evaluadora por considerar que carece de contrapesos independientes y que asigna fondos del Tesoro bajo criterios de lealtad política.
(Con información de Axios)
