El régimen de Venezuela ha confirmado que participará en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el próximo lunes 4 de mayo, en un movimiento que busca frenar el avance de Guyana sobre los recursos estratégicos del Esequibo. Sin embargo, el canciller Yván Gil afirmó que esta comparecencia es meramente informativa para "mostrar la verdad" y no implica aceptar la jurisdicción del organismo.
Lo que subyace a esta firmeza por parte de Venezuela es el control de una de las mayores reservas de petróleo ligero descubiertas en la última década, un botín que el chavismo no está dispuesto a dejar pasar. Guyana, que administra el territorio, ha otorgado concesiones masivas a transnacionales en aguas que Venezuela reclama como propias.
El interés de la administración de Rodríguez se centra en que el Esequibo posee crudo de alta calidad, cuya extracción es mucho más rentable que el petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco. El contraste económico entre ambas naciones también ha encendido las alarmas en Caracas. Mientras Guyana experimenta un crecimiento explosivo gracias a la exportación de crudo desde aguas del Esequibo, Venezuela queda por fuera.
Para Venezuela, el Acuerdo de Ginebra de 1966 es la única vía para obligar a Guyana a compartir la riqueza de los yacimientos, algo que el país vecino evita al confiar en que la CIJ ratificará el Laudo de 1899.
La presencia del régimen venezolano en La Haya el 4 de mayo busca, por tanto, deslegitimar el avance de las petroleras extranjeras y reafirmar que no habrá seguridad jurídica para los inversores internacionales mientras no se llegue a un acuerdo que satisfaga las ambiciones de control del Estado venezolano sobre el crudo ligero.
Fuentes: EFE, ABC.
