El régimen fundamentalista de Irán ha encarcelado a miles de sus propios ciudadanos. La organización humanitaria Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en los Estados Unidos, denunció este lunes que el aparato de seguridad de la teocracia islámica ha arrestado de forma arbitraria a un total documentado de 4.023 civiles entre el pasado 28 de febrero (fecha en la que dio inicio la confrontación armada) y el 9 de mayo.
Los detenidos se enfrentan a procesos judiciales bajo cargos de traición que incluyen espionaje, amenazas directas a la seguridad nacional y cooperación con medios de comunicación occidentales.
De acuerdo con el manifiesto oficial emitido por la entidad dedicada al monitoreo de las libertades civiles en Irán, la dictadura de los ayatolás ha utilizado de manera deliberada la inestabilidad de la guerra para camuflar y recrudecer su campaña de persecución política. Los tribunales revolucionarios imputan sistemáticamente delitos capitales a activistas, periodistas y simples usuarios de redes sociales por el mero hecho de compartir contenidos e imágenes digitales relacionados con el impacto de los bombardeos extranjeros.
HRANA advirtió con firmeza que las narrativas patrióticas y de emergencia militar son hoy el instrumento predilecto de la fiscalía del régimen para anular los derechos fundamentales, militarizar las calles y justificar el uso generalizado de la tortura contra los disidentes.
Mientras los defensores de los derechos humanos denuncian una cacería de brujas a gran escala, el alto mando policial de Teherán ha preferido reivindicar e incluso elevar las cifras de la represión estatal con total impunidad. El jefe de la Policía Nacional iraní, el general Ahmad Reza Radan, compareció ante la opinión pública para confirmar que los cuerpos de seguridad bajo su mando han encarcelado a más de "6.500 traidores y espías" vinculados de forma directa con los intereses del "enemigo".
El alto funcionario de la dictadura asoció directamente estas capturas con la continuación de las históricas protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto más alto el pasado mes de enero, las cuales fueron sofocadas con fuego real y gas por la Guardia Revolucionaria, dejando miles de manifestantes asesinados en las principales ciudades del país.
El endurecimiento judicial del régimen teocrático también se ha traducido en un drástico e indignante incremento de la pena de muerte. HRANA ha logrado certificar la ejecución sumaria de al menos 26 presos políticos en las últimas semanas del conflicto; de ellos, 14 eran jóvenes capturados durante las revueltas de enero, uno correspondía a las históricas movilizaciones estudiantiles de 2022 y 11 fueron señalados por su supuesta militancia en partidos de oposición prohibidos.
Paralelamente, los portavoces de los medios de comunicación oficiales del Estado iraní confirmaron con regocijo que otros seis hombres fueron ejecutados en la horca pública tras ser hallados culpables, sin garantías procesales mínimas, del delito de espionaje a favor de los servicios de inteligencia de Israel.
(Con información de Infobae, La Derecha Diario, Human Rights Activists News Agency)
