El restablecimiento del orden en el sistema migratorio ha transformado radicalmente la entrega de beneficios para ciudadanos de la isla, priorizando la soberanía de los Estados Unidos sobre las concesiones discrecionales. Según un análisis del Cato Institute, las aprobaciones de residencias permanentes para cubanos registraron un desplome del 99,8% entre finales de 2024 y diciembre de 2025.
Los registros oficiales del USCIS muestran que, en enero de 2026, apenas 15 cubanos obtuvieron la "green card", una cifra mínima frente a las 10.000 mensuales de años anteriores, lo que evidencia la efectividad de las nuevas trabas administrativas para detener el flujo migratorio descontrolado.
Acompañando esta reducción en los permisos, los arrestos de ciudadanos cubanos en situación irregular se incrementaron un 463%, como parte de una estrategia para depurar el sistema de quienes no cumplen con los estándares de seguridad. El personal del USCIS ha sido reasignado de las oficinas de trámites hacia tareas de control y vigilancia, permitiendo una supervisión más estricta de las fronteras internas. David Bier, del Cato Institute, señaló que estas medidas forman parte de un mecanismo deliberado para facilitar las deportaciones y asegurar que la vía hacia la permanencia legal no sea utilizada para evadir los controles federales.
El endurecimiento de los procesos, liderado por funcionarios como Joseph Edlow, ha suspendido los beneficios para aquellos que ingresaron bajo programas de parole de Cuba, Nicaragua y Venezuela, extendiéndose ahora a 40 nacionalidades. Estas acciones responden a la necesidad de garantizar la seguridad nacional y terminar con el limbo jurídico que imperaba en administraciones anteriores.
Actualmente, unos 40.000 cubanos enfrentan órdenes finales de deportación, una cifra que refleja la voluntad de Washington de no permitir la estancia de individuos sin estatus legal firme. La administración ha sido clara: el cumplimiento de la normativa migratoria es innegociable y la "presión máxima" es la herramienta clave para forzar al régimen de La Habana a aceptar la repatriación de sus nacionales.
La modernización del sistema incluye además la implementación de inteligencia artificial y la denominada Operation PARRIS, orientadas a detectar riesgos en la cadena de suministro y prevenir el abuso de beneficios humanitarios. La reducción del 10% en el personal administrativo de USCIS y su enfoque en la detección de fraudes han permitido optimizar los recursos hacia la protección del territorio.
