La Fiscalía del régimen cubano imputó formalmente a Alejandro Gil Fernández, ex ministro de Economía y Planificación y ex viceprimer ministro, por una serie de delitos graves que incluyen espionaje, malversación, lavado de activos y tráfico de influencias. El comunicado oficial, emitido el viernes, detalla también acusaciones por falsificación de documentos, evasión fiscal, cohecho, infracción de normas de protección de información clasificada y sustracción o daño de documentos oficiales.
La investigación, coordinada con el Ministerio del Interior, se encuentra bajo control directo de la Fiscalía General de la República. Gil, destituido en febrero de 2024, permanece en prisión provisional desde entonces. La acción penal pública ya fue ejercida ante el tribunal correspondiente.
Contexto de la caída
En marzo de 2024, Miguel Díaz-Canel anunció la investigación contra Gil por “graves errores”, lo que llevó a su dimisión del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y como diputado. El líder del régimen afirmó que “la dirección de nuestro partido y del Gobierno nunca ha permitido ni permitirá jamás la proliferación de la corrupción”, en el marco de una campaña oficial contra irregularidades administrativas.
La destitución de Gil ocurrió dos días después de que el régimen aplazara un aumento del 500% en los precios de los combustibles, atribuido a un “incidente de ciberseguridad”. Su caso se inscribe en una serie de acciones anticorrupción promovidas por el régimen, que han sacado a la luz múltiples irregularidades en distintos niveles.
Trayectoria de Gil Fernández
Alejandro Gil Fernández, nacido en La Habana en 1964, es ingeniero en explotación del transporte y doctor en ciencias. Inició su carrera como jefe de operaciones portuarias y ascendió en el Ministerio de Finanzas y Precios hasta viceministro primero. Desde julio de 2018 fue ministro de Economía y Planificación, y desde diciembre de 2019, viceprimer ministro.
Su gestión coincidió con una de las peores crisis económicas de Cuba, marcada por escasez, inflación y la fallida “Tarea Ordenamiento”, que buscaba eliminar la dualidad monetaria pero fue catalogada como un fracaso incluso por el propio régimen. Gil impulsó aperturas al sector privado y ajustes fiscales, incluyendo aumentos de hasta 400% en combustibles.
Ampliación de la investigación
Tras su cese, la Fiscalía amplió la investigación a delitos de corrupción y manejo indebido de fondos estatales, generando incertidumbre social. El caso de Gil representa el punto más alto de la campaña anticorrupción del régimen, en un contexto de profunda crisis económica y social en la isla.
(Con información de EFE y AP)
