Un exhaustivo estudio ha puesto al descubierto un sistema de trabajo forzado en las prisiones de Cuba, donde al menos 60.000 personas sancionadas penalmente son obligadas a laborar bajo condiciones calificadas como esclavitud. El análisis, respaldado por evidencias recopiladas de 53 declaraciones individuales validadas y más de 60 entrevistas adicionales, detalla cómo el gobierno cubano utiliza a la población penitenciaria para generar productos como carbón vegetal de marabú y tabaco, destinados principalmente a mercados europeos.

La investigación, corroborada por expertos externos de una prestigiosa universidad británica, revela que el 100% de los testimonios identifican patrones consistentes de coerción y explotación. Los reclusos, tanto comunes como políticos, enfrentan amenazas, violencia física y represalias si se niegan a trabajar. El informe destaca que el 69,81% de los entrevistados no firmó ningún contrato laboral ni recibió documentación que regule su empleo, mientras que el 98,11% careció de herramientas, formación o equipos adecuados para realizar sus tareas.

Condiciones Extremas y Riesgos para la Salud

Las condiciones de trabajo descritas son alarmantes. El 96,23% de los declarantes reportó exponerse a riesgos significativos debido a factores climáticos y ambientales, mientras que el 81,13% sufrió deterioros físicos y psicológicos como resultado de la explotación. Las jornadas laborales superan las 63 horas semanales, con un promedio de 10 horas diarias y descansos prácticamente inexistentes. Además, el 94,34% de los reclusos fue forzado a trabajar a pesar de padecer enfermedades incompatibles con las tareas asignadas, y el 98,11% no recibió atención médica ni medicamentos adecuados. Solo el 5,66% fue evaluado médicamente antes de iniciar estas labores.

Entre las secuelas documentadas se encuentran mutilaciones, problemas de columna, tuberculosis, hipertensión, úlceras, estrés postraumático y ansiedad crónica. Testimonios desgarradores ilustran la magnitud del problema: un recluso relató cómo fue obligado a cargar sacos de carbón con una lesión en el hombro, enfrentando la pérdida de visitas familiares como castigo por protestar, mientras otro describió ganar entre 34 y 62 céntimos de dólar por tonelada de carbón vegetal, trabajando en condiciones inhumanas como dormir al aire libre sin camas ni acceso a agua potable limpia.

Impacto Desproporcionado en Mujeres y Afrocubanos

Las mujeres privadas de libertad enfrentan abusos particularmente graves. El 87,50% de las entrevistadas fue asignada a tareas inadecuadas, y el 50% denunció haber sufrido acoso y violencia sexual, tanto por parte de funcionarios como de otros reclusos, incluyendo casos de violación y trabajo forzado durante el embarazo. Estos relatos subrayan la vulnerabilidad extrema de este grupo dentro del sistema penitenciario.

El informe también señala una marcada discriminación racial, con el 64,15% de los declarantes identificándose como afrocubanos, un grupo que representa solo el 33,7% de la población cubana. Esta sobrerrepresentación, que alcanza un 190,36% respecto a su proporción en la sociedad, evidencia que los afrocubanos enfrentan mayores amenazas, jornadas más largas, peores condiciones laborales y una exposición desproporcionada a riesgos ambientales.

Exportaciones y Responsabilidad Internacional

El carbón vegetal de marabú emerge como el producto principal de este sistema de explotación. En 2023, Cuba generó 61,8 millones de dólares por su exportación, posicionándose como el noveno mayor proveedor mundial. Los principales destinos incluyen España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía, donde el producto se comercializa sin que se investiguen las condiciones de su producción. El estudio advierte que esta práctica viola normativas internacionales, como la EU Forced Labour Regulation y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa, obligando a los países importadores a inspeccionar y prohibir bienes elaborados con trabajo forzado.

El sistema penitenciario cubano, según el informe, vincula los beneficios penitenciarios, como cambios de régimen o pases, a la participación en estas labores, configurándolas como un instrumento de represión y extracción económica. Esto contraviene estándares internacionales, incluyendo el Convenio 29 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela de la ONU, que prohíben el trabajo forzoso salvo bajo condiciones estrictamente reguladas y con garantías de dignidad, seguridad y remuneración justa.

Llamado a la Acción Internacional

El documento concluye que el sistema cubano constituye una maquinaria de abuso sostenida por la impunidad y la falta de supervisión independiente. Propone una condena global, la prohibición del comercio de productos derivados de estas prácticas, la apertura de las prisiones a misiones independientes y una reparación integral para las víctimas, con especial atención a mujeres y afrocubanos afectados por formas agravadas de discriminación.

Testimonios adicionales refuerzan la denuncia: un preso político describió cómo el cambio a un régimen penitenciario menos severo se usa como herramienta de control por la policía, mientras una madre relató cómo una fractura en el pie le fue negada atención médica para no perder sus pases. Otro recluso resumió: “Nunca firmé un contrato. Me dijeron que, si no trabajaba, no vería la luz del sol por semanas. Era eso o el calabozo”.