La presidente electa de Costa Rica, Laura Fernández, ha lanzado un mensaje sin ambigüedades al crimen organizado: su gobierno no permitirá que el país se convierta en una sucursal del caos que padece México. Con una mayoría legislativa sólida y el respaldo de una ciudadanía harta de la inoperancia judicial, la mandataria entrante se prepara para aplicar un plan de choque que prioriza la seguridad nacional sobre los privilegios de los delincuentes. Su política de "mano dura" se sustenta en la firme convicción de que la paz solo se recupera mediante la fuerza legítima del Estado y una cooperación total con agencias internacionales como la DEA y el FBI.
Fernández ha sido tajante al señalar que no tolerará que la burocracia o los tecnicismos legales sirvan de escudo para el sicariato. Su estrategia contempla reformas profundas en el sistema judicial y la posibilidad de suspender garantías individuales en los focos rojos donde las bandas criminales desafían el orden público. "No vamos a esperar a que nos convirtamos en un espejo de lo que ocurre en otros países", declaró, subrayando que su prioridad es proteger el derecho a la vida de los ciudadanos honrados, los emprendedores y las familias que hoy viven bajo el terror de las balas perdidas.
Declaraciones de la presidente electa de Costa Rica, Laura Fernández.
La politóloga de 39 años, que asume el poder el próximo 8 de mayo, representa la continuidad del giro valiente iniciado por Rodrigo Chaves. Su visión se aleja de los complejos y "garantismos" que han paralizado a la región, apostando por una gestión pragmática donde el delincuente —y no el ciudadano que cumple la ley— sea quien enfrente las consecuencias del peso de la justicia.
Fernández propone una alianza sólida con Estados Unidos para limpiar el territorio nacional de las redes de narcotráfico que han intentado tomar control del país. La mandataria ha dejado claro que su administración no tendrá miedo de usar las herramientas constitucionales necesarias, incluyendo el estado de excepción si el sicariato continúa escalando.
La futura presidente ha denunciado el "círculo vicioso" que permite que los criminales salgan de las cárceles tras cumplir penas mínimas, y está dispuesta a transformar el sistema penitenciario en un lugar donde los delincuentes cumplan realmente por sus actos.
