La 79ª Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se clausuró este sábado en Ginebra bajo la sombra de dos severas crisis sanitarias globales provocadas por brotes simultáneos de hantavirus y ébola. En su discurso de cierre, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a las delegaciones internacionales a mantener un compromiso firme con la cooperación multilateral y el financiamiento sostenible.
Durante las sesiones de deliberación técnica, presididas por el ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Víctor Atallah, los estados miembros adoptaron por consenso diversas resoluciones clave para el tratamiento de enfermedades tropicales desatendidas y la atención en urgencias. Asimismo, la plenaria oficializó la salida de la República Argentina de la estructura multilateral de la OMS, dejando no obstante abiertos los canales de asistencia técnica y cooperación internacional con Buenos Aires.
El principal escollo de las negociaciones radicó en la imposibilidad de poner en práctica las cláusulas del histórico Acuerdo sobre pandemias alcanzado originalmente en 2025, debido a discrepancias técnicas en sus anexos operativos. Las delegaciones gubernamentales no lograron consensuar los protocolos precisos para el intercambio obligatorio de muestras de patógenos biológicos ni los mecanismos de distribución equitativa de los beneficios médicos derivados.
El líder de la organización advirtió de forma tajante que, sin la ratificación jurídica de estas adendas logísticas, el planeta carece de una preparación real para afrontar con éxito una nueva emergencia sanitaria, dejando expuestas las capacidades de respuesta de las redes de salud globales.
Los comités especializados consiguieron, en contraposición, destrabar normativas internacionales de vanguardia orientadas a estandarizar los tratamientos clínicos contra la hemofilia y otros trastornos hemorrágicos complejos a nivel global. Los representantes de las farmacéuticas transnacionales destacaron que estas guías regulatorias proveerán la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión privada en investigación científica y biotecnología.
(Con información de EFE)
