El izquierdista Gustavo Petro ha dispuesto la suspensión de las órdenes de captura de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como "Chiquito Malo", máximo jefe del Clan del Golfo, junto a otros 28 miembros de esta organización narcocriminal. Esta decisión se oficializó a través de un documento del consejero presidencial de paz, Otty Patiño, enviado a la Fiscalía el pasado 29 de abril. La medida tiene como fin facilitar el traslado y reagrupamiento de estos sujetos en las denominadas "Zonas de Ubicación Temporal" en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó) a partir del próximo 25 de junio.
🇨🇴‼️ | El presidente socialista Gustavo Petro ordenó suspender todas las órdenes de captura contra los terroristas del Clan del Golfo a solo unos cuantos días de las elecciones presidenciales. Con este movimiento, expertos advierten que el exguerrillero dejó a Colombia a merced… pic.twitter.com/Vegg7lzHnA
— UHN Plus (@UHN_Plus) May 9, 2026
Lo más alarmante de esta resolución es que abarca incluso a individuos que cuentan con solicitudes de extradición vigentes por parte de la justicia de los Estados Unidos. Esto ocurre a pesar de que en febrero pasado, Petro se había comprometido con el presidente Donald Trump a redoblar la persecución contra los capos de la droga tras una reunión en la Casa Blanca.
"Se ha fomentado el fortalecimiento de la criminalidad... el levantamiento de órdenes de captura sin una contraprestación verificable de paz envió un mensaje perverso", afirmó Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Bajo la permisiva sombra de las políticas de Petro, el Clan del Golfo ha experimentado una expansión. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el grupo criminal pasó de tener presencia en 208 municipios al inicio de este mandato a controlar 300 territorios en 2025. El fortalecimiento no es solo geográfico sino militar: el pie de fuerza de la organización bajo el mando de "Chiquito Malo" saltó de 4.000 integrantes en 2022 a casi 10.000 en 2025.
Expertos y organismos internacionales coinciden en que la suspensión de órdenes de captura han permitido a estos grupos expandir su "gobernanza criminal" y control sobre la vida cotidiana de las comunidades, mientras la eficacia de la Fuerza Pública disminuye. Human Rights Watch ya calificó el 2025 como uno de los años con las peores situaciones humanitarias de la última década debido a este crecimiento exponencial de los grupos armados.
La figura de "gestores de paz" utilizada por la administración Petro ha generado espacios de impunidad para criminales comunes equiparándolos con organizaciones políticas. En el caso del Clan del Golfo, el grupo trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, siendo el motor de la violencia que azota al país.
El año pasado Washington retiró a Colombia la certificación como aliada antidrogas al considerar insuficiente su lucha contra el narcotráfico. Con el mandato de Petro llegando a su fin en agosto, esta maniobra de última hora para salvar su agonizante política de paz arriesga no solo la seguridad nacional, sino la relación estratégica con el principal socio comercial de Colombia.
Fuentes: DW, El Colombiano.
