Un profesor con doctorado y amplia experiencia en la universidad pública percibe actualmente un sueldo equivalente a 1 dólar con 11 centavos mensuales. Esta situación ha sido calificada como inaceptable por los gremios, quienes denuncian la destrucción total del poder adquisitivo en el sector académico. El patrimonio científico del país se encuentra en riesgo debido a la fuga masiva de talento.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) convocó a una paralización de 24 horas para el próximo 22 de abril. La movilización busca reactivar la agenda gremial aprovechando el nuevo escenario político tras la salida de Nicolás Maduro. Los docentes exigen que el gobierno de transición atienda la emergencia humanitaria que padecen los educadores.

Gregorio Afonso, presidente de la APUCV, señaló que la pérdida del mérito y la jerarquía académica es alarmante por la falta de incentivos económicos reales. Aunque los profesores reciben bonificaciones de 190 dólares, estas se reparten de forma lineal sin considerar la experiencia o el escalafón. Los trabajadores denuncian un proceso de desalarización que anula los beneficios contractuales.
«Se nos están yendo los profesores, es alarmante la pérdida del patrimonio científico y de la calidad de la educación en el país».
El gremio cuestiona que el Estado mantenga una burocracia de 30 ministerios mientras los ingresos petroleros proyectan duplicarse durante este año 2026. Afonso sugiere que el gobierno de Delcy Rodríguez debe reducir el gasto político para financiar un ajuste salarial digno. La protesta cuenta con el respaldo de obreros y empleados administrativos a nivel nacional.

La presidenta encargada anunció que el próximo primero de mayo decretará un aumento del salario mínimo bajo criterios de responsabilidad financiera. Sin embargo, los sindicatos temen que el ajuste sea insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria, que sigue dolarizada. La presión en las calles aumenta ante la falta de detalles sobre el monto del incremento.
Las universidades públicas se han mantenido como focos de resistencia contra las políticas del antiguo régimen y las deficiencias actuales. Los estudiantes también se han sumado a las movilizaciones recientes para exigir la liberación de presos políticos, vinculando la crisis económica con la necesidad de una transición democrática. La protesta del 22 de abril será la primera de gran magnitud en tres años.
El representante de la APUCV advirtió que la desregularización de las relaciones laborales está vaciando de contenido a las organizaciones sindicales. Al no existir un salario base real, las leyes y contratos colectivos pierden su vigencia práctica, dejando a los trabajadores en total desprotección. El paro nacional busca forzar una mesa de negociación técnica con las autoridades educativas.
Finalmente, la comunidad universitaria espera que esta acción de fuerza detenga el deterioro de la educación superior en Venezuela. La movilización del próximo miércoles pondrá a prueba la capacidad de respuesta del gabinete de Rodríguez ante el descontento social. Los docentes aseguran que no abandonarán las calles hasta lograr una remuneración que respete la dignidad profesional.