Este domingo, Vox ha formalizado su ofensiva parlamentaria tras la aprobación, el pasado martes en el Consejo de Ministros, de un Real Decreto que pretende regularizar a medio millón de inmigrantes. Para la formación, esta medida no es más que una "institucionalización de la invasión migratoria" que genera un efecto llamada inasumible para las arcas públicas. La moción que llega al Pleno busca desmantelar este proceso, que permite acceder a la residencia a quienes lleven apenas cinco meses en España, y detener lo que consideran un expolio de los recursos de las clases medias y trabajadoras.
La portavoz parlamentaria, Pepa Millán, exigió que los españoles no pueden seguir sintiéndose "a la cola" en su propio país. El texto de Vox no se limita a frenar la regularización, sino que exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez la repatriación inmediata de todos los inmigrantes "ilegales". Además, la iniciativa introduce el concepto de remigración para aquellos extranjeros que, según el partido, "erosionan el Estado de bienestar" al no contribuir a la economía nacional, priorizando la expulsión frente a la integración.
“Es hora de que el Gobierno garantice que los españoles sean la prioridad absoluta; no podemos permitir que nuestro sistema sanitario y de ayudas se colapse por quienes entran asaltando nuestras fronteras”, denunció Millán tras la interpelación al ministro Félix Bolaños.
Uno de los puntos más polémicos de la moción es la exigencia de derogar el decreto de marzo que garantiza la atención sanitaria a extranjeros sin residencia legal. Vox aspira a que el Estado prohíba el uso del sistema público a inmigrantes irregulares, salvo en casos de "emergencia vital", combatiendo así el llamado "turismo sanitario". La formación argumenta que la universalidad de la salud, financiada por los contribuyentes, es insostenible ante el incremento exponencial de las listas de espera provocado por la presión migratoria masiva.
En materia de vivienda y servicios públicos, la iniciativa de Vox aboga por establecer una prioridad nacional estricta. Esto implicaría que el acceso a viviendas sociales, bonificaciones fiscales y cualquier tipo de prestación estatal esté condicionado a la nacionalidad española. Para el partido de Abascal, es fundamental revertir el "abandono" que sufren los ciudadanos nacionales frente a las facilidades otorgadas a quienes llegan de forma ilegal, una situación que califican de "injusticia social" promovida por la Moncloa y sus socios.
