Disparos resonaron este miércoles en el Senado de Filipinas en una operación con el fin de detener al senador Ronald dela Rosa, quien fue el responsable de la campaña antidrogas del expresidente Rodrigo Duterte. Dela Rosa permanece atrincherado en el complejo legislativo desde el pasado lunes para evadir una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).
🇵🇭‼️ | Se reportaron disparos en el Senado de Filipinas en medio de un tenso operativo para arrestar a un senador buscado por la Corte Penal Internacional. pic.twitter.com/H6Mh65TYCV
— UHN Plus (@UHN_Plus) May 13, 2026
Testigos presenciales, incluidos periodistas de The Associated Press, confirmaron el estruendo de los disparos dentro del edificio, aunque por el momento no se ha informado sobre la existencia de heridos.
La situación en el Senado se tornó caótica con el despliegue de personal militar con fusiles de asalto y parlamentarios encerrados en sus despachos mientras las autoridades intentaban acceder al recinto.
Dela Rosa, de 64 años, ha encontrado refugio político y protección por parte de senadores aliados, entre ellos el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, un fiel seguidor del clan Duterte. El legislador ha hecho un llamamiento a las fuerzas armadas y a antiguos mandos policiales para evitar su extradición, declarando ante sus simpatizantes: "No permitamos que otro filipino sea llevado a La Haya".
La CPI acusa formalmente a Dela Rosa de crímenes de lesa humanidad por el asesinato sistemático de al menos 32 personas entre 2016 y 2018. La orden de captura, emitida originalmente en noviembre y hecha pública este lunes, vincula directamente al senador con una política de asesinatos extrajudiciales diseñada desde el poder.
Durante su mandato como director general de la Policía Nacional, Dela Rosa es acusado de "autorizar, tolerar y promover" crímenes contra presuntos narcotraficantes y consumidores, en su mayoría jóvenes de barrios marginales. Aunque las cifras oficiales del gobierno de Duterte sitúan los muertos en más de 6.000, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra de víctimas hasta las 30.000.
Fuentes: AP, El Mundo.
