El gobierno de Daniel Noboa anunció este martes una reducción estratégica en la denominada “tasa de seguridad”, que pasará del 100% al 75% para las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de junio de 2026. Esta medida surge tras meses de intensas fricciones comerciales y políticas, durante los cuales Ecuador había incrementado los aranceles para financiar la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.
Aunque la tasa se mantiene en niveles elevados de protección, la decisión del Presidente Noboa es vista como una señal de flexibilización necesaria para las cadenas productivas ecuatorianas que dependen de insumos colombianos. El comercio entre ambas naciones ronda los 5.000 millones de dólares, y el encarecimiento desmedido de los productos importados había comenzado a generar presiones inflacionarias internas.
En el plano político, la medida intenta tender un puente ante las profundas diferencias ideológicas entre Quito y Bogotá. Mientras Noboa ha liderado una estrategia de confrontación directa contra el crimen organizado, la política de "paz total" del socialista Petro ha sido percibida desde Ecuador como un obstáculo para la coordinación de seguridad en la frontera común.
Analistas económicos sugieren que este ajuste responde también a la presión de los sectores productivos que utilizan materia prima colombiana, cuya competitividad se vio mermada por el recargo del 100%. A pesar de la reducción al 75%, el Puente Internacional Rumichaca sigue siendo testigo de un comercio restringido, y la normalización completa dependerá de si el gobierno de Colombia decide levantar sus propias barreras contra los productos ecuatorianos.
El comportamiento del mercado a partir de junio será el termómetro definitivo para medir el éxito de esta política. Si bien la administración de Daniel Noboa mantiene su firmeza en la lucha contra las estructuras criminales, este ajuste demuestra una capacidad de adaptación frente a las realidades del mercado global y regional.
