La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha dado un paso decisivo en el denominado Caso Apagón al solicitar formalmente una audiencia para procesar a 21 personas por el delito de peculado. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la contratación de generación eléctrica de emergencia durante la crisis energética de 2024, periodo en el que el país sufrió cortes de luz de hasta 14 horas.
El origen de la causa judicial radica en los contratos firmados con la empresa estadounidense Progen Industries LLC para la instalación de plantas térmicas en Quevedo y El Salitral. Según informes de la Contraloría General del Estado, estos proyectos no se ejecutaron conforme a los cronogramas previstos, detectándose indicios de responsabilidad penal.
El organismo de control estima que el perjuicio económico para el Estado ecuatoriano oscilaría entre los 100 y 140 millones de dólares, debido a la falta de eficiencia y transparencia en los procesos de contratación bajo el régimen de emergencia.
Una de las novedades más destacadas del avance procesal es la exclusión del ministro Roberto Luque, quien ejerció como titular encargado de la cartera de Energía durante los momentos más críticos de la crisis. A pesar de haber sido parte de la investigación previa, la Fiscalía no halló elementos suficientes para formular cargos en su contra.
Durante el último año, las autoridades realizaron múltiples allanamientos en oficinas públicas y domicilios privados para recabar documentación técnica y flujos financieros. El caso ha puesto bajo la lupa los riesgos de los regímenes de excepción, que permiten contrataciones ágiles pero reducen los controles previos necesarios para evitar actos de corrupción.
El sector energético ecuatoriano atraviesa una crisis institucional profunda, marcada por la excesiva dependencia de las hidroeléctricas y la falta de inversión estructural. El Caso Apagón evidencia cómo las medidas de emergencia, adoptadas bajo presión política y social, pueden derivar en irregularidades administrativas graves. La judicialización formal del proceso pretende sentar un precedente sobre la transparencia necesaria en la gestión de infraestructura crítica.
