La demanda, encabezada por Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan y McGraw Hill, acusa a Meta de recurrir a la piratería masiva para alimentar su inteligencia artificial. Según los demandantes, la compañía aplicó su antiguo lema de "moverse rápido y romper cosas" para saltarse los procedimientos de licencia tradicionales, recurriendo incluso a sitios de descarga ilegal (torrents) para obtener el material de entrenamiento. La acusación sostiene que Meta eliminó deliberadamente la información de gestión de derechos de autor para ocultar que estaba utilizando obras robadas.
El punto más crítico del litigio recae sobre la figura de Mark Zuckerberg. Los editores afirman que el fundador de la red social estuvo involucrado en el día a día del desarrollo de la IA y que "autorizó personalmente" la infracción. La demanda vincula este comportamiento con el reciente incremento del patrimonio neto de Zuckerberg, que superó los 200.000 millones de dólares, sugiriendo que este enriquecimiento se ha cimentado sobre el perjuicio económico de autores y casas editoriales.
Entre los autores cuyas obras han sido presuntamente vulneradas se encuentran figuras de la talla de James Patterson, Donna Tartt e incluso el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. También se incluyen trabajos de los recientes ganadores del Premio Pulitzer, Yiyun Li y Amanda Vaill. Los demandantes aseguran que Llama no solo utiliza el contenido, sino que es capaz de reproducir copias literales de textos y emular el estilo personal de los autores, lo que supone un golpe directo a los ingresos de la industria literaria.
Por su parte, Meta ha reaccionado con firmeza, prometiendo luchar "enérgicamente" contra la demanda. En un comunicado oficial, la empresa defendió su tecnología argumentando que el entrenamiento de modelos de IA con material protegido puede ampararse bajo la doctrina del "uso legítimo" (fair use). Según la tecnológica, la IA es una herramienta transformadora que impulsa la productividad y la creatividad, y confían en que los tribunales mantendrán los precedentes que favorecen el desarrollo de estas innovaciones.
Cabe recordar que el año pasado, la empresa Anthropic acordó el pago histórico de 1.500 millones de dólares para resolver una demanda similar interpuesta por cientos de miles de autores. Los editores buscan una compensación económica por daños y perjuicios, mientras la industria tecnológica observa un proceso que podría definir los límites legales de la inteligencia artificial para la próxima década.
Fuentes: AP, CBS News.
