La organización no gubernamental Foro Penal, institución que lidera la defensa jurídica de las víctimas del terrorismo de Estado en Venezuela, confirmó la excarcelación de al menos 25 presos políticos durante los últimos días. Esta medida de gracia parcial se produce inmediatamente después de que el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, se viera forzado a prometer la liberación de un contingente de 300 ciudadanos civiles y militares antes del término de la semana.
Entre el primer grupo de ciudadanos que recuperaron su libertad tras décadas de secuestro institucional se encuentran tres antiguos funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, quienes permanecían en cautiverio desde el año 2003 por defender el orden constitucional durante los sucesos de 2002. La líder de la resistencia civil y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró la salida de los uniformados a quienes calificó como ciudadanos inocentes que sobrevivieron a 23 años de torturas sistemáticas y ensañamiento judicial por parte de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Asimismo, las autoridades del régimen reportaron la excarcelación de Merys Torres de Sequea, una ciudadana de 71 años recluida únicamente por ser la progenitora de un oficial disidente que participó en una incursión marítima contra la tiranía en 2020.
La flexibilización de las medidas de confinamiento por parte de la estructura chavista se enmarca en el profundo proceso de desmantelamiento que sufre el aparato estatal desde enero pasado, mes en el que se ejecutó la histórica captura federal del exdictador Nicolás Maduro por agencias de seguridad de Washington. El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, aclaró que las recientes medidas no responden a la cuestionada Ley de Amnistía promulgada por el parlamento socialista en febrero, precisando que apenas el 24% de las libertades otorgadas este año se vinculan a dicha normativa.
A pesar de las recientes salidas de prisión, la dictadura venezolana mantiene tras las rejas a un total de 473 presos políticos, incluyendo en sus listas a 43 ciudadanos de nacionalidad extranjera que son utilizados como rehenes diplomáticos frente a los gobiernos occidentales. Los registros históricos de la organización civil documentan un acumulado de más de 19.000 detenciones por motivos ideológicos desde el año 2014, complementado con un esquema de persecución judicial que mantiene a 11.000 personas bajo medidas cautelares restrictivas de la libertad.
La urgencia del Ejecutivo socialista por simular una apertura democrática se agudizó tras el escándalo internacional provocado por el descubrimiento de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas. La plataforma unitaria de la oposición y diversos organismos internacionales exigieron la apertura inmediata de una auditoría forense independiente con apoyo extranjero, luego de constatar que el ciudadano permaneció 16 meses en condición de desaparición forzada antes de confirmarse su deceso.
(Con información de EFE)
