La Corte Suprema de los Estados Unidos propinó un histórico revés legal al régimen comunista de La Habana al fallar a favor de la empresa norteamericana Havana Docks Corporation, cuyas instalaciones portuarias fueron ilegalmente confiscadas en 1960 por la dictadura de Fidel Castro. Con 8 votos contra 1, el máximo tribunal de justicia estadounidense determinó que las compañías internacionales que operen o utilicen infraestructuras expropiadas por la revolución cubana deberán responder financieramente ante los legítimos propietarios norteamericanos.
🇺🇸🇨🇺‼️ | La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó las demandas de empresas estadounidenses contra el régimen cubano por los activos confiscados en 1960 tras la llegada de Fidel Castro al poder. La decisión abre la puerta a reclamos millonarios, comenzando por el caso de la… pic.twitter.com/3psQIJ66gk
— UHN Plus (@UHN_Plus) May 21, 2026
El fallo definitivo de la alta magistratura se produce en un momento de asfixia total para la dictadura de la isla, debilitada por una profunda crisis energética y humanitaria tras el colapso y bloqueo de los envíos de petróleo subsidiado desde Venezuela y México. La administración del presidente Donald Trump respaldó activamente a los demandantes en los tribunales, catalogando estas acciones legales como una herramienta indispensable de la política exterior para disuadir la inversión extranjera en el territorio ocupado por el castrismo.
El juez conservador Clarence Thomas, encargado de redactar el voto mayoritario de la Corte, sentenció que cualquier entidad comercial que trafique o se lucre con activos robados por el régimen de La Habana es plenamente responsable ante la legislación federal de los Estados Unidos.
“Quienes utilicen propiedades afectadas por confiscaciones pasadas son responsables ante cualquier ciudadano estadounidense con un reclamo sobre esos bienes”.
Tras la ejecución de los decretos dictatoriales de nacionalización, la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras certificó en la década de los setenta el derecho de Havana Docks Corporation a recibir una indemnización original de 9,1 millones de dólares, una cifra que ajustada por la inflación actual roza los 100 millones de dólares. Los reclamos oficiales validados por las agencias gubernamentales de Washington contra el Estado totalitario cubano ascienden a unos 9.300 millones de dólares.
El andamiaje legal que fundamentó la histórica decisión fue estructurado por el Congreso de los Estados Unidos en 1996 mediante la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, promulgada tras el salvaje derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate por parte de cazas militares castristas. Aunque los mandatarios predecesores suspendieron de forma consecutiva la aplicación de los juicios para evitar tensiones internacionales, el presidente Donald Trump rompió con esa política de apaciguamiento en 2019 al activar plenamente la legislación anticomunista.
Las líneas de cruceros demandadas intentaron justificar su polémico proceder alegando que sus operaciones comerciales se amparaban en las licencias otorgadas por la administración progresista de Barack Obama durante el deshielo diplomático de 2016. No embargo, la Corte Suprema ratificó que las aperturas ejecutadas por los gobiernos de izquierda no pueden vulnerar las leyes de propiedad ni convalidar los saqueos perpetrados por dictaduras extranjeras.
El sector financiero y los exiliados cubanos en la Florida celebraron el veredicto del tribunal como el inicio del fin de la impunidad económica de las corporaciones que financian el aparato represivo de la Habana a través del turismo internacional. Los asesores legales de Wall Street anticipan que el fallo acelerará la resolución de otras macrocausas pendientes, como la demanda interpuesta por la petrolera Exxon Mobil por la expropiación de sus refinerías.
(Con información de The New York Times)
