El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló la identidad de los cinco militares de la Fuerza Aérea de Cuba imputados formalmente junto al exdictador Raúl Castro por el derribo criminal de dos avionetas civiles desarmadas en febrero de 1996. El fiscal general interino, Todd Blanche, anunció desde la Torre de la Libertad de Miami que el expediente judicial —radicado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida— constituye la primera acusación penal en casi siete años contra la cúpula superior de la dictadura cubana por el asesinato de ciudadanos norteamericanos.
Las órdenes de captura internacional alcanzan a los pilotos y altos mandos de la Defensa Anti-Aérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR), quienes entrenaron de forma sistemática para interceptar y destruir aeronaves civiles lentas, un operativo de terrorismo de Estado que sesgó las vidas de Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales.
El primer implicado de la lista es el teniente coronel Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, nacido en Las Tunas y veterano de 74 misiones de combate, identificado formalmente como el piloto criminal que disparó los misiles aire-aire contra los aparatos civiles. A bordo de un caza de combate MiG-29, Pérez-Pérez ejecutó los dos impactos letales de forma sucesiva sin emitir ningún tipo de advertencia por radio.
El segundo imputado es el teniente coronel Emilio José Palacio Blanco, alias “El Narizón”, quien pilotó el caza supersónico MiG-23ML que sirvió de escolta táctica y cobertura militar durante el ataque orquestado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
La acusación federal detalla que los oficiales José Fidel Gual Bárzaga y Raúl Simanca Cárdenas integraron la segunda pareja de cazas que despegó desde la base militar de San Antonio de los Baños con la misión explícita de destruir la tercera avioneta civil, donde viajaba el fundador de la organización humanitaria, José Basulto. Ambos volaban en un avión biplaza MiG-23 y escucharon en tiempo real las transmisiones de radio donde la cúpula castrista autorizaba el uso de fuerza letal contra los voluntarios anticomunistas.
El quinto y último acusado presenta una situación jurídica particular que ha conmocionado al exilio cubano de Miami: el teniente coronel Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quien pilotaba el MiG-29A con la misión de derribar a Basulto, emigró a los Estados Unidos en abril de 2024 bajo el amparo de un programa de parole humanitario. El Departamento de Justicia incluyó en las evidencias del caso fotografías de González-Pardo Rodríguez junto a los demás pilotos en pistas de aviación militar previas al operativo del 14 de febrero.
La senadora Ashley Moody precisó que los cinco militares de la tiranía enfrentan cargos federales por conspiración para asesinar y destrucción de aeronaves, delitos federales graves que conllevan penas máximas de cadena perpetua o la pena de muerte.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro incluyó en sus listas negras de sanciones financieras a toda la agencia de inteligencia de la isla, el conocido aparato represor del G2, junto a los ministros castristas de Justicia, Energía y Comunicaciones.
(Con información de Infobae)
