El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una profunda reestructuración de su gabinete ministerial y la conformación inmediata del Consejo Económico y Social (CES) como estrategia institucional para contener la ola de protestas que exige su dimisión. Tras quince días de bloqueos viales continuos en la región andina y graves disturbios urbanos que paralizaron las principales arterias de La Paz, el primer mandatario compareció ante los medios de comunicación en el Palacio de Gobierno para ratificar la continuidad de su mandato presidencial.
El líder del Ejecutivo fundamentó la necesidad de conformar un equipo de colaboradores con mayor agilidad operativa y capacidad de concertación directa, buscando abrir canales estables con las bases de trabajadores que reclaman mejoras salariales y un correcto abastecimiento energético.
La creación del Consejo Económico y Social se ampara en los marcos constitucionales vigentes y persigue el objetivo explícito de incorporar a transportistas, artesanos, productores agrícolas y representantes cuentapropistas en la evaluación técnica de las políticas de gestión pública.
Las autoridades confirmaron que las sesiones inaugurales del nuevo organismo consultivo iniciarán este fin de semana, buscando neutralizar las campañas de desinformación sectorial que asocian las reformas del oficialismo con supuestos planes de privatización de recursos o incrementos desmedidos en las tarifas de servicios básicos.
El recrudecimiento de la crisis del orden público en la sede administrativa del Estado derivó en jornadas de enfrentamientos violentos entre escuadrones policiales y comités mineros que utilizaron material explosivo para atacar las sedes de las instituciones estatales. El estallido del descontento civil responde a demandas sindicales acumuladas relativas a las calidades del combustible disponible en las estaciones de servicio y al rechazo explícito de los sectores agrarios a la ley de reforma agraria y control de tierras.
La posición firme asumida por el mandatario frente a los sectores movilizados cuenta con el respaldo expreso de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, instancias que defendieron el respeto a la estabilidad institucional democrática del país. Las autoridades norteamericanas ratificaron su compromiso de cooperar con las agencias de seguridad locales para impedir que facciones vinculadas a economías ilícitas desestabilicen a los gobernantes legítimos del hemisferio.
El presidente Rodrigo Paz desestimó los pedidos de elecciones anticipadas formulados por los sectores afines a las dirigencias izquierdista y ratificó que su equipo se enfocará en garantizar corredores de asistencia humanitaria para trasladar insumos médicos y alimentos. La Fiscalía General de la Nación inició los procedimientos correspondientes para identificar y procesar judicialmente a los promotores de los desmanes contra la propiedad privada y las agresiones a civiles.
(Con información de Infobae)
