El gobierno de Bolivia liderado por el presidente Rodrigo Paz anunció este miércoles la expulsión inmediata de la embajadora de Colombia en el país, Elizabeth García Carrillo, tras declararla oficialmente "persona non grata". El canciller boliviano, Fernando Aramayo, confirmó la medida diplomática durante una comparecencia televisiva, fundamentando la decisión en las intolerables e insistentes declaraciones de injerencia emitidas por el mandatario izquierdista colombiano, Gustavo Petro.
🇧🇴🇨🇴‼️ | Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y la declaró “persona non grata” debido al apoyo del presidente socialista Gustavo Petro a las protestas antigubernamentales en el país. pic.twitter.com/r61DonGsh1
— UHN Plus (@UHN_Plus) May 20, 2026
A través de sus plataformas oficiales, Petro ha orquestado una campaña de agitación política con el claro objetivo de respaldar y legitimar las violentas movilizaciones que intentan desestabilizar la gestión del actual Ejecutivo boliviano. La gota que derramó el vaso para la diplomacia boliviana fue una serie de al menos siete publicaciones en la red social X donde Gustavo Petro, fiel a su retórica radical, intentó matizar el vandalismo callejero calificando el cerco violento que sufre la ciudad de La Paz como "una insurrección popular" nacida en respuesta a una supuesta "soberbia geopolítica".
Lejos de mantener la neutralidad obligatoria que exige el derecho internacional, el jefe de Estado colombiano tomó partido de forma descarada a favor del expresidente cocalero Evo Morales y de los grupos radicales del altiplano, llegando incluso a utilizar el pretexto de los "presos políticos" y a ofrecer una hipócrita y rechazada mediación internacional con la que pretendía tutelar y tutear la política interna del país andino.
"Efectivamente, la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana, así como el endoso que hace al movimiento político desestabilizador de la democracia", sentenció con total firmeza el canciller boliviano Fernando Aramayo al canal Unitel.
El conflicto actual en Bolivia, que el gobierno de Rodrigo Paz ha intentado encauzar por la vía institucional mediante acuerdos sectoriales y mejoras económicas específicas, dio un vuelco violento el pasado lunes tras la confluencia en la capital de tres marchas de militantes leales a Evo Morales. Las hordas radicales desataron el caos mediante enfrentamientos directos contra la Policía Nacional, saqueos a comercios privados y la destrucción sistemática de sedes gubernamentales.
Dichas acciones delictivas pretenden imponer por la fuerza una agenda de reforma agraria y forzar la renuncia del mandatario, un libreto de golpe blando que Petro no tardó en aplaudir desde Bogotá, ganándose el repudio inmediato de las fuerzas democráticas del continente.
La firme postura de la Cancillería en La Paz frente al intervencionismo de Colombia ha recibido el respaldo de la comunidad internacional. Más de 30 expresidentes de España y América Latina, junto al gobierno de los Estados Unidos y ocho administraciones regionales, han expresado su profunda preocupación por el cariz violento que los seguidores de Morales han impreso a las protestas, lo que motivó una convocatoria de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, las autoridades bolivianas dejaron claro que no tolerarán presiones del eje bolivariano, especialmente tras haber reconducido exitosamente su política exterior hacia una alianza estrecha, estratégica y plena con potencias democráticas como Estados Unidos e Israel.
(Con información de Infobae y El País)
