La Junta de Extremadura ha ratificado su inquebrantable compromiso de suprimir por completo el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM). El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y líder regional de Vox, Óscar Fernández, disipó cualquier tipo de duda este miércoles al asegurar que el acuerdo de gobernabilidad suscrito con el Partido Popular se cumplirá de manera inmediata.
Con esta postura, la coalición de gobierno frena en seco las presiones de los sectores multiculturales y de los consejos escolares locales, devolviendo la neutralidad y la prioridad de los valores españoles al sistema educativo de la comunidad.
La esperada medida afectará directamente a los colegios públicos 'Gonzalo Encabo' y 'Juan Güell' del municipio cacereño de Talayuela, una localidad que arrastra graves distorsiones demográficas con casi un 30% de población extranjera, controlada en más de un 90% por inmigrantes de origen marroquí.
A pesar de los intentos del lobby educativo, las asociaciones de padres y el propio consistorio local por perpetuar este sistema bajo el desgastado pretexto de la "integración", la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia ha cerrado la puerta a cualquier prórroga, entendiendo que las instituciones públicas deben garantizar la asimilación cultural y no la fragmentación lingüística.
El programa que se desmantela con éxito venía operando de forma ininterrumpida desde el año 2002, sirviendo como una preocupante herramienta de influencia extranjera dentro del territorio nacional. Bajo este esquema, unos 140 alumnos recibían formación en lengua árabe y doctrina magrebí por las tardes, además de contar con mediadores subvencionados.
El agravante principal de este modelo radicaba en que el profesorado a cargo de las asignaturas era seleccionado, contratado y remunerado directamente por el Reino de Marruecos gracias a antiguos pactos estatales, un mecanismo intolerable que permitía la injerencia de una potencia extranjera en la educación de menores dentro de colegios sostenidos con los impuestos de los ciudadanos extremeños.
Fernández ha dejado claro que los equipos técnicos ya trabajan para acelerar los trámites administrativos y materializar la expulsión de este programa de manera inmediata, respondiendo al clamor de los sectores que exigen el fin de las cesiones ante el multiculturalismo.
(Con información de El Mundo y El Demócrata)
