Una violenta emboscada perpetrada por un comando armado en el sector de Palmeras, en la zona de Paso Aguán, municipio de Trujillo, dejó un saldo trágico de al menos 14 personas asesinadas en el interior de una finca de palma africana. De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Nacional, entre las víctimas mortales se encuentran once hombres y tres mujeres, cuyos cuerpos quedaron dispersos en distintos puntos de la propiedad agraria tras ser acribillados.
El sangriento ataque se ejecutó cuando los obreros se disponían a iniciar sus labores de recolección y fueron sorprendidos por delincuentes que portaban fusiles de alto poder, lo que provocó el despliegue inmediato de fuerzas especiales y unidades de la Policía Militar en este conflictivo corredor productivo del norte del país.
El múltiple crimen ocurrió específicamente en la comunidad de Rigores, un asentamiento campesino ubicado en el Bajo Aguán, una demarcación geográfica que sufre desde hace décadas problemas crónicos de orden público debido a las disputas por la tenencia de la tierra. La región es el epicentro de la producción de palma aceitera en Honduras, una actividad económica fundamental que se ha visto severamente afectada por las constantes invasiones ilegales y los enfrentamientos armados entre agrupaciones delictivas, guardias de seguridad privada y las fuerzas de seguridad del Estado.
Las estadísticas de los organismos de seguridad locales revelan que la zona norte de la nación centroamericana atraviesa una delicada crisis de criminalidad, contabilizándose en lo que va del año 2026 al menos 11 masacres que cobraron la vida de cerca de 47 ciudadanos. Los empresarios del agro exigen reformas legales contundentes y el cese inmediato de la impunidad con la que operan los grupos radicales que desestabilizan las inversiones privadas en el campo hondureño.
La ola de violencia que azota el norte de Honduras no se limita a los predios agrícolas, sino que se ha extendido de manera peligrosa hacia los cuerpos de seguridad encargados de custodiar las fronteras y los ejes viales estratégicos. Recientemente, en el sector de Corinto, municipio de Omoa, se registraron ataques armados dirigidos que cobraron la vida de cinco agentes de la Policía Nacional en dos eventos delictivos independientes.
La Dirección de Medicina Forense, en coordinación con los fiscales del Ministerio Público, inició el levantamiento de los cadáveres y la recolección de los casquillos de proyectil en la escena del crimen con el fin de establecer la identidad de los fallecidos y la trayectoria de los disparos. Los comités de inteligencia militar mantienen bajo análisis la hipótesis de que la masacre fue ejecutada por una facción delictiva contratada para ejercer represalias económicas dentro de las disputas agrarias de la provincia.
(Con información de Infobae)
