El Southern Poverty Law Center (SPLC), que ostenta un patrimonio de casi 800 millones de dólares, enfrenta ahora la justicia federal por cargos de fraude y blanqueo de capitales. La fiscalía ha destapado que la organización no solo engañó a miles de donantes, sino que mantuvo con vida a los mismos grupos de odio que decía combatir, inyectando más de 3 millones de dólares en las redes de líderes del KKK y movimientos neonazis.
El director del FBI, Kash Patel, ha descrito la organización como una red de mentiras diseñada para alimentar el pánico racial y, con ello, las cuentas bancarias de sus directivos. Mientras la organización pedía donativos para "dismantelar el extremismo", en la práctica utilizaba empresas fachada para enviar cheques a los líderes de estas bandas violentas. Lejos de ser una labor de inteligencia, las autoridades sostienen que el SPLC financió activamente el caos para justificar su propia existencia y mantener un flujo constante de capital.
“El SPLC no combatía el odio; lo patrocinaba. Crearon una economía del miedo donde el extremismo era el producto y los donantes eran las víctimas de una estafa masiva. Han financiado a los peores criminales de este país para seguir operando su negocio de propaganda”, sentenció Patel durante la comparecencia de este martes.
Los detalles del caso van desde el pago a informantes para que cometieran robos en sedes de grupos radicales hasta la organización de transporte para extremistas en eventos violentos como el de Charlottesville en 2017. Esta "simbiosis" entre el SPLC y los grupos de odio permitía a la organización generar titulares incendiarios que luego utilizaba en sus campañas de recaudación.
Charity Watch le otorgó una calificación de "F", denunciando que el centro acumulaba reservas de efectivo suficientes para operar durante seis años sin hacer absolutamente nada, mientras sus directivos cobraban sueldos de más de medio millón de dólares.
A pesar de la contundencia de las pruebas, una coalición de grupos de izquierda ha cerrado filas en torno al SPLC, intentando vender la narrativa de una "persecución política". Sin embargo, el historial de la organización ya estaba manchado por décadas de críticas internas que señalaban cómo su fundador, Joe Levin, dirigía el centro como una corporación de marketing agresivo.
El SPLC se enfrenta a la posibilidad real de perder su estatus de organización benéfica y a la disolución total de sus activos. El juicio que se avecina no sólo juzgará sus finanzas, sino la integridad de todo el modelo de activismo.
