La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha iniciado una investigación formal tras el informe del Tribunal de Cuentas que revela el uso de fondos europeos para financiar las pensiones en España. Según los auditores, el Ejecutivo utilizó
2.389 millones de euros de partidas “sobrantes” de los fondos Next Generation para cubrir gastos de la Seguridad Social durante el ejercicio 2024. Esta práctica ha generado una fuerte reacción en Bruselas ya que estos recursos fueron diseñados exclusivamente para promover la innovación, la transición energética y la resiliencia económica tras la pandemia.
"¿Cómo pido yo a los alemanes que trabajen más mientras España paga pensiones con los fondos europeos?", cuestionó Andreas Schwab, presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.
Este desvío de fondos es la consecuencia directa de la gestión negligente de un Gobierno que, debido a su fragilidad parlamentaria, ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos generales para 2024. Ante este vacío legal, el Ejecutivo de Sánchez ha recurrido vilmente a modificaciones presupuestarias masivas, por valor de más de 77.000 millones de euros, utilizando el dinero europeo de forma opaca para cubrir sus obligaciones básicas.
El Tribunal de Cuentas ha señalado que esta maniobra poco limpia es una muestra clara del mal uso de los recursos públicos para evitar el colapso financiero provocado por la inestabilidad política.
"Es absolutamente inaceptable utilizar fondos europeos para encubrir problemas presupuestarios en el sistema nacional de pensiones", añadió Schwab.
A pesar de las evidencias, el Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, ha intentado desmentir las acusaciones calificándolas de “categóricamente falsas” y alegando que todo el dinero se ha destinado al Plan de Recuperación. Sin embargo, esta justificación choca con la realidad detectada por los auditores, quienes confirman que el dinero de la UE se ha inyectado en el sistema de previsión social para sustituir gastos ya existentes, algo que está expresamente prohibido por la normativa comunitaria. La falta de transparencia del Gobierno socialista sigue siendo el principal obstáculo para conocer el destino final de los miles de millones de euros que llegan desde Bruselas.
El Parlamento Europeo planea ahora citar a los responsables de los tribunales de cuentas para analizar los detalles técnicos de esta cuestionable gestión financiera. Schwab ha advertido que, de confirmarse la infracción, se exigirá la devolución íntegra de las cantidades desviadas para proteger los intereses de los contribuyentes europeos que hoy se ven defraudados por la administración española.
Fuentes: El Mundo, OK Diario.
