Una organización sin fines de lucro de Minnesota, cuya misión principal era la intervención contra la violencia y el apoyo comunitario, ha colapsado tras revelarse un esquema de corrupción masiva. El fiscal general del estado, Keith Ellison, anunció una demanda contra la entidad "We Push for Peace" y sus exdirectores, Trahern Pollard y Jaclyn McGuigan, por el presunto desvío de 6,5 millones de dólares.
Según la denuncia, el dinero, que provenía en gran parte de contratos públicos y donaciones, fue utilizado para costear lujos personales en lugar de ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las investigaciones señalan que Trahern Pollard se habría embolsado personalmente más de 6 millones de dólares.

Los fondos benéficos supuestamente financiaron viajes de placer a Las Vegas, la compra de vehículos de alta gama y gastos considerables en concesionarios de motocicletas Harley Davidson, spas y centros de estética. Además, Pollard está acusado de utilizar el capital de la organización para fines tan alejados de la caridad como el pago de la manutención de sus hijos y la cancelación de deudas personales con el servicio de impuestos (IRS).
El esquema de fraude también incluía la subvención de negocios privados de Pollard, tales como un concesionario de autos usados y una licorería propia. Por su parte, la tesorera Jaclyn McGuigan es señalada por realizar transferencias semanales de 1.000 dólares a su cuenta personal y desviar miles de dólares de subvenciones gubernamentales bajo la falsa etiqueta de "gastos administrativos".
La gravedad del desvío se hizo evidente durante la "Operación Metro Surge", una iniciativa de seguridad nacional en la que la ciudad de Minneapolis solicitó la colaboración de la ONG. A pesar de haber manejado millones de dólares, la entidad fue "totalmente incapaz" de responder debido a que sus cuentas habían sido vaciadas.
Los fiscales afirman que, al verse acorralado por los investigadores, Pollard presentó declaraciones falsas bajo juramento para intentar justificar los pagos de manutención infantil como "gastos generales" de la organización. Para encubrir el rastro del dinero, los acusados habrían creado corporaciones ficticias como "Change Makers" con el fin de agotar los ingresos restantes y desviar contratos lucrativos directamente a empresas privadas recién formadas.
Fuente: New York Post.