El juicio, que comienza el 16 de marzo en Miami, procesará a David Rivera por actuar como agente extranjero no registrado (violando la Ley FARA) y por conspiración para lavar dinero. La acusación detalla que Rivera recibió más de cinco millones de dólares para cabildear ante funcionarios de la administración Trump, buscando que se suavizaran las sanciones contra el régimen chavista durante su primer mandato.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida incluyó a Rubio en una lista de 30 testigos potenciales, dada su trayectoria como uno de los líderes más críticos frente a la dictadura venezolana. La citación también alcanza a altos funcionarios del Departamento de Estado y a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, con el fin de exponer los mecanismos de influencia utilizados.
Rivera, quien se ha declarado inocente, habría empleado empresas ficticias para ocultar su rol como consultor de intereses venezolanos. Esta conducta es una violación directa de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), la cual obliga a toda persona que trabaje bajo la dirección o control de un gobierno o entidad extranjera a transparentar sus actividades ante el Departamento de Justicia.
Este proceso cobra una relevancia absoluta tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York. El juicio contra Rivera destapa el entramado de corrupción y cabildeo oscuro que intentó, desde dentro de las estructuras políticas estadounidenses, proteger a la cúpula del régimen que ha oprimido al pueblo venezolano.
