Una reciente investigación periodística del diario estadounidense The New York Times ha expuesto la magnitud del saqueo sistemático contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) durante el mandato de Nicolás Maduro. El reportaje detalla cómo una red criminal, vinculada directamente al entorno familiar del exmandatario, logró desviar cerca del 50% de los ingresos por exportación de crudo entre 2021 y 2022. Este esquema habría drenado más de 11.000 millones de dólares de las arcas públicas, fondos que, según la legislación venezolana, debieron ingresar exclusivamente a la estatal petrolera para el beneficio de la nación.
🇻🇪‼️| Un informe presentado por The New York Times revela que Nicolás Maduro y su familia desviaban uno de cada dos dólares que ingresaba a PDVSA. El destino del dinero eran cuentas fantasmas. En 2021 y 2022, PDVSA exportó petróleo por 11 mil millones de dólares: a la empresa no… pic.twitter.com/bWReOQjmx5
— UHN Plus (@UHN_Plus) May 6, 2026
El principal articulador de este desfalco ha sido identificado como Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien utilizó su posición estratégica en las finanzas del Estado para tejer una red de corrupción. Mediante el uso de empresas fantasma registradas en diversas jurisdicciones, la cúpula de Maduro exportó cargamentos de petróleo bajo condiciones contractuales atípicas. Estas compañías recibían el crudo sin realizar los pagos correspondientes a PDVSA, ocultando la trazabilidad del dinero y consolidando una estructura de poder económico que permitió al régimen socialista sostenerse durante años de crisis.
"Empresas vinculadas a su red exportaron petróleo por más de 11.000 millones de dólares entre 2021 y 2022 sin pagar a la estatal, lo que representó cerca de la mitad de los ingresos petroleros del país", señala la investigación citada.
Uno de los casos más resaltantes documentados involucra a la firma china Hangzhou Energy, la cual obtuvo contratos favorables a cambio de una vaga "ayuda humanitaria" que nunca fue verificada. Además, la red empleaba mecanismos de arbitraje cambiario, permitiendo pagos en bolívares devaluados en lugar de dólares, lo que generaba ganancias extraordinarias para los intermediarios del régimen. Estas prácticas no solo destruyeron la industria petrolera, sino que evidencian las intenciones de un régimen que priorizó el enriquecimiento personal de la cúpula socialista sobre las necesidades básicas del pueblo venezolano.
Tras la salida de Maduro, la nueva gestión encabezada por el régimen de Delcy Rodríguez ha prometido transparencia a través del portal "Soberanía Transparente". Sin embargo, los resultados han sido calificados como inexistentes por analistas internacionales, ya que la plataforma solo registra una transacción y carece de detalles comerciales reales. Esta opacidad mantiene vivos los temores de que las estructuras de corrupción del antiguo régimen sigan operando bajo nuevas fachadas.
"El portal apenas registra una única transacción, sin detalles clave sobre compradores o condiciones, mientras que las auditorías anunciadas aún no han presentado informes públicos", advierte el reportaje de The New York Times.
Ante este panorama de desfalco masivo, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha impuesto condiciones estrictas para cualquier plan de inversión en la industria petrolera venezolana. Washington exige que Caracas presente presupuestos mensuales detallados y acepte la verificación independiente de cada transacción por parte de firmas auditoras internacionales. El objetivo es garantizar que los 100.000 millones de dólares proyectados para la reconstrucción del sector no terminen nuevamente en las cuentas privadas de redes vinculadas al socialismo.
Fuentes: The New York Times, Agencia de Periodismo Investigativo, LAFM.
