Catorce gobiernos autonómicos de España anunciaron el inicio de severas acciones judiciales contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), liderado por Sara Aagesen. La medida responde a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de bloquear la aprobación y el envío a la Comisión Europea del informe sexenal obligatorio sobre el estado de conservación del lobo ibérico.
El incumplimiento de este trámite legal, cuyo plazo oficial expiró el 31 de julio de 2025 bajo la Directiva Hábitats, ya ha forzado a las autoridades de Bruselas a abrir un procedimiento sancionador formal en contra del Reino de España. Las administraciones de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Canarias, Ceuta y Melilla acusan al ministerio de vulnerar de forma sistemática la normativa nacional y europea.
La controversia comenzó en julio de 2025, cuando el gabinete de Aagesen canceló, con apenas 24 horas de antelación y sin justificación técnica, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente donde debía ratificarse el documento. A pesar de que las autonomías invocaron formalmente el reglamento interno del órgano para exigir su convocatoria urgente en reiteradas ocasiones (la última de ellas el pasado 5 de mayo), el Gobierno central ha mantenido un hermetismo absoluto.
Ante el persistente silencio ministerial, los portavoces de las regiones afectadas denunciaron que el MITERD ha recurrido a una cadena de evasivas injustificadas para encubrir una agenda de carácter meramente ideológico. Entre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo figuraba que los incendios forestales de 2025 alteraban los datos, una postura calificada de "absurda" por las autonomías dado que el informe evalúa estrictamente el periodo comprendido entre 2019 y 2024.
Asimismo, Transición Ecológica justificó el retraso alegando una supuesta prórroga concedida por la Unión Europea, afirmación que quedó completamente desmentida tras confirmarse la apertura del expediente punitivo por parte de Bruselas.
El punto de mayor fricción radica en la reciente afirmación del ministerio, que asegura que la Unión Europea exige la presencia de al menos 500 manadas de lobos en territorio nacional para otorgar una calificación favorable, frente a las 333 registradas en la actualidad. Los servicios técnicos autonómicos desmintieron tajantemente la existencia de dicho criterio por parte de la Comisión Europea y criticaron que el Gobierno central intente desacreditar el censo oficial.
La crisis institucional se agravó tras revelarse que el pasado 9 de abril, la Comisión Europea notificó directamente a la consejería de Desarrollo Rural de Cantabria que la documentación sigue sin ser remitida por los canales oficiales del Estado.
Las comunidades firmantes sostienen que la reinterpretación unilateral de los baremos de conservación por parte del Ministerio busca forzar un diagnóstico desfavorable que justifique mayores restricciones, contradiciendo el estatus favorable dictaminado en sexenios anteriores con poblaciones menores.
Fuentes: El Debate, Libertad Digital.
