España se encuentra en el punto de mira de las principales instituciones internacionales por su incapacidad para atajar la corrupción de manera efectiva. Un duro memorándum preliminar presentado esta semana ante el Consejo de Europa ha encendido la última alarma hasta ahora. A su vez, evaluaciones recientes de la Comisión Europea, la OCDE y el Greco revelan que el país padece deficiencias sistémicas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se resiste a corregir, desoyendo recomendaciones clave que datan incluso de hace más de una década.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) es el organismo que ha denunciado con mayor contundencia la situación. En su último examen, el Greco alertó sobre la "ausencia de una regulación específica sobre los lobbies" y reiteró su profunda preocupación por la politización de la justicia y la falta de autonomía de la Fiscalía General del Estado. Cabe destacar que el Gobierno español bloqueó la publicación de este informe crítico durante meses, permitiendo su difusión solo en fechas de escasa atención mediática.
“España se enfrenta a desafíos críticos en materia de transparencia de los lobbies, independencia judicial y autonomía de la Fiscalía. La percepción de influencia del Poder Ejecutivo sigue siendo una preocupación mayor”, subraya el último informe del Greco, desmontando el discurso de "tolerancia cero" del Gobierno.
Por su parte, la Comisión Europea ha calificado la corrupción en España como un "área de preocupación persistente" en sus informes sobre el Estado de derecho de 2024 y 2025. Bruselas señala directamente la contratación pública y la financiación de partidos políticos como sectores de "alto riesgo". La principal recriminación de la Unión Europea es la inexistencia de una estrategia nacional integral contra la corrupción, una obligación legal que Sánchez debería haber puesto en marcha en septiembre de 2024 y que sigue en el limbo.
La fragmentación del control es otro de los puntos débiles identificados por la OCDE. En su informe de 2024, este organismo alertó de que España carece de un ente central unificado para combatir la corrupción, repartiendo responsabilidades entre instituciones como la Oficina de Conflictos de Intereses o el Consejo de Transparencia. Según la OCDE, este modelo "fragmentado" diluye las responsabilidades y debilita la implementación de las leyes, dejando la regulación del lobby como el gran "agujero negro" del sistema español.
El deterioro de la imagen de España se refleja también en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional referente a 2025. El país ha caído tres puestos en el ranking mundial, situándose muy lejos de las grandes democracias europeas como Dinamarca o Finlandia. Con 55 puntos sobre 100, España se codea con naciones como Chipre e Italia, evidenciando que la desconfianza ciudadana y empresarial en las instituciones españolas es una realidad estadística que no deja de empeorar.
