El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto una investigación oficial contra el fiscal demócrata de Fairfax, Steve Descano. El objetivo de la División de Derechos Civiles es determinar si la oficina de Descano, financiada masivamente por la red de George Soros, ha incurrido en un patrón de violaciones legales al favorecer de manera sistemática a inmigrantes ilegales acusados de delitos graves.
La pesquisa se centra en el uso de "acuerdos de privilegio" para reducir cargos y sentencias de forma artificial, con el único fin de burlar las leyes federales de inmigración y evitar que los criminales sean expulsados del país.
"No permitiremos que fiscales locales escojan ganadores en función del estatus migratorio mientras ponen en riesgo a la comunidad", advirtió la fiscal adjunta de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon.
La investigación federal estalla tras el asesinato de Stephanie Minter, una mujer de 41 años que fue apuñalada mortalmente en una parada de autobús. El presunto autor es Abdul Jalloh, un inmigrante ilegal con una orden de deportación pendiente y un historial de 40 arrestos previos. Según las denuncias presentadas ante el Congreso, la fiscalía de Descano liberó a Jalloh una y otra vez, retirándole cargos de violencia y reduciendo penas de años a apenas meses.
"Este asesinato era totalmente evitable; mi hija murió porque el fiscal decidió que proteger a un delincuente era más importante que la vida de una ciudadana", denunció Cheryl Minter en un desgarrador testimonio en el Capitolio.
Durante una audiencia encabezada por el congresista Jim Jordan, se reveló que la oficina de Descano ignora sistemáticamente las alertas de la policía local sobre la peligrosidad de los sospechosos si estos son extranjeros en situación irregular. Jordan destapó que el fiscal instruye a sus adjuntos para que consideren las "consecuencias migratorias" como un factor para suavizar las condenas, una práctica que el Departamento de Justicia considera discriminatoria contra el resto de la población.
El cerco legal sobre Descano también apunta a la influencia de capitales externos en la justicia local. Con casi el 70% de sus fondos de campaña provenientes de PAC vinculados a Soros, el fiscal es visto como una pieza clave para debilitar el sistema penal desde dentro. Mientras las estadísticas de Fairfax muestran que el 75% de los últimos homicidios han sido cometidos por inmigrantes ilegales, el Departamento de Justicia investiga si el dinero de donantes radicales está dictando las pautas de una fiscalía que hoy parece más interesada en la ingeniería social que en castigar el asesinato.
Si la investigación demuestra un patrón de discriminación o negligencia criminal, Descano podría enfrentar la intervención de su oficina por parte del Gobierno de Trump. El caso ha unificado el clamor de las asociaciones de víctimas que exigen el fin de las "políticas de justicia blanda", subrayando que la compasión ideológica hacia los delincuentes extranjeros se está pagando con el luto y la sangre de las familias estadounidenses.
Fuentes: Fox News, La Gaceta, New York Post.
