El juicio oral contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el presunto delito de trata agravada de personas, ha quedado suspendido de manera indefinida. La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez, explicó que el proceso en Tarija no puede avanzar sin la presencia física del imputado, quien no se presentó a la audiencia instalada el pasado 11 de mayo.
Ante esta inasistencia, el juez Carlos Oblitas ratificó la declaratoria de rebeldía y emitió una nueva orden de aprehensión, la cuarta que enfrenta el líder cocalero en el último año y medio debido a su sistemática negativa a colaborar con la justicia.
Morales está imputado por haber mantenido un presunto vínculo con una menor de edad durante su presidencia, relación de la cual habría nacido una hija en 2016. Las investigaciones señalan que el exmandatario habría beneficiado a la familia de la víctima con cargos políticos y favores a cambio de silenciar el abuso. La Fiscalía ha recolectado más de 170 pruebas en su contra y anunció que solicitará una condena de 20 años de prisión
El exmandatario ha calificado el proceso como una "brutal persecución judicial y mediática" orquestada para aniquilarlo políticamente e inhabilitar su futura candidatura. A través de sus redes sociales, Morales sostuvo que las causas son "armadas" y buscan tapar la crisis de las gestiones gubernamentales recientes. Por su parte, la magistrada Ruiz Martínez rechazó estas acusaciones, asegurando que el Órgano Judicial no se presta a persecuciones políticas y que los jueces no son actores políticos.
La defensa de Morales intenta anular el proceso basándose en un supuesto memorial presentado por la víctima, quien actualmente reside en Argentina. En dicho documento, la mujer negaría la existencia del delito; sin embargo, las autoridades judiciales continúan con la causa debido a que los indicios recolectados sugieren una red de beneficios políticos y económicos que implican también a los padres de la joven.
La resolución del conflicto queda supeditada a la ejecución de la orden de captura o a una entrega voluntaria que Morales ya ha descartado alegando falta de garantías. Mientras el exmandatario permanezca en la clandestinidad protegida de Lauca Ñ, el juicio por trata de personas seguirá en un limbo legal que impide dictar sentencia.
